Las patentes de notario como moneda de cambio

“Los pactos políticos entre fracciones adversas siempre son de mala fe, aunque sean convenientes”

John William Cocker

Las recientes disputas entre el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, y el líder PAN, Marko Cortés, han puesto de manifiesto la intrincada red de negociaciones que rodea los nombramientos de cargos públicos en México.

El desacato al convenio de coalición evidencia que ciertos puestos, como secretarías, subsecretarías y notarías, son utilizados como fichas políticas en lugar de ser asignados en función de méritos y capacidades.

En el conflicto, se revela que, tras las elecciones para la gobernatura de Coahuila, celebradas en coalición con el PRI, se acordó que, en caso de victoria, el PAN obtendría dos secretarías de Estado, el 20 por ciento de subsecretarías, el 20 por ciento de las oficinas del Registro Civil, el control del Instituto de Transparencia, el Sistema de Agua y la Junta de Caminos. Además, se acordó el nombramiento de un magistrado y 6 notarías. Este pacto se hizo público debido a la queja de Marko Cortés sobre su incumplimiento, lo que resultó en la negativa del PAN a participar en una nueva coalición para la elección en 38 municipios en Coahuila.

Más allá del incumplimiento del acuerdo, este caso ilustra cómo ciertos cargos públicos se manejan como un botín político. Aunque es comprensible que el gobernador tenga influencia en nombramientos directos, la negociación de cargos en órganos autónomos cuestiona la genuina autonomía de estas instituciones, sugiriendo que los representantes son designados como extensiones del Gobierno.

En el ámbito notarial, el convenio incluyó el otorgamiento de 6 notarías. En Coahuila, según la Ley del Notariado, se requiere aprobar un examen de aspirante y luego un examen de notario para obtener la patente. Sin embargo, se plantea la preocupación de que estos exámenes sean trámites meramente formales, ya que el gobernador podría nombrar notarios sin considerar su experiencia o ética, utilizando las notarías como favores políticos o moneda de intercambio entre partidos.

La senadora Olga Sánchez Cordero ha propuesto una iniciativa para federalizar la actividad notarial en México. La idea es homologar los exámenes de acceso a nivel nacional, estableciendo reglas uniformes para evitar que las notarías se conviertan en mercancía política. Esta propuesta, sin embargo, enfrenta resistencia por parte de algunos gobernadores, ya que limitaría su capacidad para influir en estos nombramientos.

En la Ciudad de México, donde el acceso al notariado es más cerrado y riguroso, sin embargo, también se plantea la necesidad de reformas para hacer los exámenes más transparentes y objetivos, eliminando conflictos de interés entre examinadores y examinados, que a veces son familiares dentro del mismo colegio notarial. Observar cómo el acceso al notariado se regula en España y otros países europeos podría ofrecer modelos efectivos para reformar el sistema en México.

En resumen, la situación en Coahuila destaca la urgencia de reformar la asignación de cargos públicos y notarías en México. La propuesta de federalizar la actividad notarial y establecer criterios objetivos en los exámenes es un paso crucial para evitar que estas designaciones se conviertan en moneda de cambio política. Mientras persista esta falta de regulación, los gobernadores seguirán teniendo incentivos para utilizar estos nombramientos como parte de su botín político, y se requiere un compromiso a nivel nacional para cambiar esta situación.