Mujer contra mujer. Violencia legislativa

20 mujeres asesinadas, es el saldo del primer mes de este 2023 en Jalisco, donde las últimas dos víctimas fueron atacadas al interior del Ministerio Público estatal de Poncitlán.

Liliana tenía 45 años, su hija Alondra 21 y juntas habían ido a denunciar violencia familiar en contra de la joven. No pasaron ni media hora en la agencia cuando un sujeto entró, les disparó a quemarropa, las mató y huyó sin ser detenido.

Peor escenario imposible. La ineptitud institucional en toda su expresión, violencia e inseguridad.

“Fue tan rápida la agresión que no se le pudo neutralizar”, dijo el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, desde el lugar de unos hechos tan inverosímiles como reveladores: Dos mujeres asesinadas al interior de la oficina encargada de investigar y perseguir los delitos.

El responsable fue aprehendido un día después en un fraccionamiento de Tepic, Nayarit, pero no hubo ningún detenido más, porque la ineptitud y la omisión no alcanzan a ser delito, aunque las víctimas terminen muertas y las autoridades —ahí presentes— mirando al techo.

Como sea, el patrón se repite 10 veces al día en este México. Desde 2012, 10 mil mujeres han sido violentamente asesinadas en nuestro territorio y solo en un 20% de los casos han sido procesadas como feminicidio.

Solo 1 de cada 5 asesinatos de mujeres en México se juzga como feminicidio.

Nuestro país tiene 34 fiscalías, de las cuales 7 (Ciudad de México, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz) son dirigidas por mujeres, lo cual en poco ha garantizado que las muertes violentas de ellas, sean investigadas con perspectiva de género y juzgadas en consecuencia. La impunidad impera.

El ejemplo más cercano lo encuentro en el hecho que tuvo lugar en noviembre pasado en el Estado de México, donde la Fiscalía General del Estado canceló un acto de disculpa pública para cuatro familias de víctimas de feminicidio, donde antes, también fue denunciada la desaparición de Ana Sosa, María Antonia Márquez, Laura Velázquez Florencio, Laura Curiel y Lidia Florencio.

El mismo mes pero en Morelos, la Fiscalía de la entidad revictimizó a Ariadna Fernanda López Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la carretera México-Cuernavaca y la primera versión emitida por aquella dependencia, fue que la víctima había ingerido alcohol, provocándose una “congestión etílica mortal” y una “broncoaspiración”.

Versión que fue desmentida por videos contundentes, obtenidos por autoridades de la Ciudad de México; pero fue una mujer, Fabiola García Betanzos, titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Feminicidio de Morelos, quien insistió en no investigar la muerte de la joven como feminicidio.

Pero también existe la violencia institucional pasiva, perpetrada por otro perfil de mujeres y con especial cuidado me referiré a lo ocurrido esta semana en el Congreso de la Ciudad de México, que reunió a víctimas de feminicidio en grado de tentativa por ataques con ácido.

La intención era presentar y discutir la “Ley Malena” con la presencia de sobrevivientes de ataques con ácido, que sensibilizaran a los legisladores de la gravedad de ese delito.

El tema fue tan mal administrado por las organizadoras, que las víctimas terminaron enfrentadas entre ellas y discutiendo más el nombre de la ley —si Malena, si Carmen, si Annie, si Elisa— en una polémica estéril e injusta para las víctimas.

Las volvieron a victimizar, en una batalla partidista que se antoja animada más por circunstancias electorales, donde las bancadas tomaron como parque político una tragedia que destruye vidas de verdad. Fue inescrupuloso.

Desvirtuaron una causa que es, no solo legítima, sino necesaria, por ser un asunto de justicia que merece solidaridad, complicidad y alianzas, no rivalidades mezquinas.

La violencia contra las mujeres en México nos afecta a todos, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, en la política y en la justicia. Se trata de una herida social y la sociedad somos todos, no importa la ideología que nos represente.

La violencia ácida en México es un fenómeno dramático, del que no debe de hacerse capital político para competir en una tribuna, de donde lo único que debería de salir es una ley que prevenga ese tipo de violencia, lo mismo para hombres que para mujeres, porque potenciales víctimas somos todos.

Lo sobrecogedor de la violencia ácida en México, es que todos los casos documentados están en la impunidad, sin sentencias y con sobrevivientes que viven aterradas, revictimizadas por las instituciones de justicia y muchas en condición de desplazamiento forzado.

Es a nivel federal que debería de estarse discutiendo ¿cómo prevenir ese delito?, empezando por regular la venta de las sustancias corrosivas y obligando al sector salud a profesionalizar a más personal para atender este tipo de emergencias, en las que generalmente ¡no sabemos qué hacer!…