¿Cuántas violaciones más?, ¿cuántas sesiones de electroshock más?

El 26 de octubre de este 2022 ya pasó a la historia como el día en que México levantó en sus 32 estados la bandera de la diversidad en favor del Matrimonio Igualitario, siendo Tamaulipas el último estado en avalarlo.

La lucha tardó más de 12 años, desde aquel marzo de 2010 cuando la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) fue la primera entidad en legalizarlo.

Tamaulipas parecía imposible, pero se logró. Y curiosamente fue una senadora del partido más conservador —el PAN— Nancy Ruiz Martínez, quien promovió la iniciativa.

En contraste, en el senado de la República el panista Víctor Fuentes Solís, intentó que se modificara el dictamen que buscaba prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”, considerando “un abuso” prohibir a los adultos “que tomen la terapia que quieran”.

Pero eso fue rechazado, el dictamen en la Cámara alta fue aprobado y enviado a San Lázaro, donde este jueves activistas, académicos, médicos y legisladores de distintos partidos, se dieron cita en un salón del Congreso, donde se extendieron en el piso banderas de la diversidad y se escucharon muchas voces de víctimas sobrevivientes, pidiendo a los diputados votar a favor de la prohibición de los ECOSIG.

Brillaron por su ausencia los legisladores panistas, aun cuando el dictamen fue turnado a la Comisión de Justicia, presidida por el Dip. Felipe Fernando Macías Olvera del blanquiazul, quien envió a un representante, al igual que el Dip. Jorge Triana, cuya silla quedó vacía, con todo y su personificador.

Qué raro que no hayan estado, sobre todo porque fue justo a inicios de este 2022, cuando su líder nacional, Marko Cortés, anunció con bombo y platillo la creación de una Secretaría de Igualdad y Desarrollo Humano en su instituto político.

Dicha Secretaría quedó a cargo de la Dip. Kathia Bolio, coautora de la iniciativa de ley que prohíbe las terapias de conversión, aprobada por unanimidad en el Congreso local del estado de Yucatán, que hoy está gobernado bajo las siglas del PAN, que claramente no le presta al tema la misma atención a nivel nacional.

¿Cómo justifica eso un partido que se dice humanista y presume su compromiso con los derechos humanos? Porque el asunto de las mal llamadas “terapias para corregir la orientación sexual” va más allá de una ideología partidista e incluso religiosa.

Se trata de actos de tortura, que incluyen aislamiento social, medicación involuntaria, electroshocks, violaciones correctivas y todo tipo de maltrato físico, al que son sometidos por lo general jóvenes menores de edad, cuyos padres víctimas de la ignorancia y el engaño, los envían a “curarse” de algo que no es una enfermedad y sí es un crimen de odio por homofobia.

En 2020, el Grupo de Expertos Forenses Independiente declaró a las “Terapias de Conversión”, una modalidad de timo, publicidad engañosa y fraude.

El Inegi estima que al menos medio millón de personas de la comunidad de la diversidad han sido obligadas a acudir a un ECOSIG, luego de revelar sus preferencias sexuales.

Sin embargo no hay cifras exactas o un registro de denuncias al respecto, porque las víctimas de estos “esfuerzos” generalmente no denuncian, porque sus victimarios en la mayoría de los casos son sus propios padres.

En junio de 2017, la Secretaría de Salud en México lanzó el protocolo de atención a pacientes LGBT, que obliga al personal médico a actuar siempre de forma responsable y respetuosa de sus derechos y sin discriminación, y establece claramente la prohibición de prácticas como las llamadas “terapias de conversión”.

A nivel internacional, Alemania aprobó el 5 de junio de 2020 una reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad para castigar con prisión a quienes impartan dichas terapias.

Canadá aprobó en diciembre de 2021 una reforma a su Código Criminal para establecer sanciones de hasta 5 años de cárcel a quienes impartan un ECOSIG. Francia, también en diciembre de 2021 aprobó la ley para sancionarlos con hasta con dos años de prisión.

No votar a favor de prohibir los ECOSIG en México, sería un acto de hipocresía y doble discurso de los legisladores que lo hagan, porque constituirá un acto de discriminación y un atentado contra la dignidad de las personas por su preferencia sexual.

Ojalá que antes de que termine el año, los legisladores demuestren que al menos de este reto sí pueden estar a la altura, de garantizar el combate a un sufrimiento evitable.

Porque los ECOSIG son un sufrimiento impuesto que viola derechos humanos y la dignidad de las personas.

O ¿cuántas jóvenes violadas más, cuántos electroshocks más, cuántas vidas rotas más y cuántos suicidios de jóvenes más necesita México para prohibir estas practicas asesinas?… ¡Basta ya!