Equidad en riesgo

Un tema central para lograr un proceso íntegro radica en la posibilidad de que las normas y las autoridades electorales, generen condiciones de equidad como elemento necesario para hacer efectivo el derecho a votar y ser votado.

El propósito es garantizar un piso mínimo de igualdad en las contiendas mediante la supervisión de los contendientes y la actuación de la autoridad, en caso de violación a las reglas a fin de resarcir estas condiciones frente a conductas que busquen ventajas indebidas, por parte de partidos y aspirantes a candidaturas. El fin último es que las candidaturas ganadoras sean producto del voto libre de la ciudanía, en un contexto de una competencia que no genere distorsiones y que posibilite un voto genuinamente informado y razonado.

Recordará usted que los partidos políticos y las y los aspirantes a la Presidencia comenzaron sus actividades mucho antes de que iniciara el período legal, para realizar precampañas durante este proceso electoral. Frente a esta salida en falso que pondría en riesgo el registro formal de las candidaturas de las coaliciones al ser inelegibles por ley, tanto el Tribunal como el INE optaron por establecer lineamientos para “legalizar” estas precampañas adelantadas.

La autoridad definió éstos como “procesos políticos” consistentes en actividades y propaganda de cualquier persona, tendiente a ostentar una precandidatura o candidatura.

Así, las actividades de las llamadas “corcholatas” y de los aspirantes de la coalición de oposición fueron sujetos de la fiscalización del INE. Producto de esta labor, por ejemplo, Morena fue sancionado el día de ayer con más de 62 millones de pesos. Así, se busca que la ciudadanía tenga información valiosa para su valoración acerca del sentido de su voto, así como generar consecuencias que disuadan al partido político a volver a actuar fuera del marco legal.

Sin embargo, sorprende negativamente la decisión del INE de renunciar a ejercer su autoridad en el ámbito local. Los mismos lineamientos que sirvieron para la fiscalización a nivel federal, señalan que en el caso de que se desarrollen estos “procesos políticos” a nivel local, el INE ejercerá sus atribuciones en materia de fiscalización. Preocupantemente, el INE actuó en contra de sus propios lineamientos y omitió realizar las actividades de fiscalización, respecto de estas precampañas locales anticipadas. Por ejemplo, en el caso de la CDMX el INE hizo caso omiso de las muy públicas actividades proselitistas de aspirantes de todos los colores. Con ello, la propia autoridad ha renunciado a tomar medidas para renivelar la cancha de juego. Igualmente, preocupante será que, de mantenerse la omisión a ejercer sus atribuciones fiscalizadoras, el INE avale el inicio de campañas federales y locales en condición de inequidad difícilmente reparables. Una autoridad que desconoce sus propios acuerdos no genera la certeza que requiere el presente proceso electoral.