La Fiscalía General de Justicia y unidades de inteligencia ciberdelincuencial han detectado el surgimiento de una sofisticada estructura de extorsión denominada “La Tía Paty”, la cual ha generado una crisis de seguridad digital.
A diferencia de las bandas criminales convencionales, este grupo operaba mediante el uso estratégico de plataformas de mensajería y redes sociales para vulnerar la privacidad de sus víctimas, empleando el hostigamiento público bajo difamación.
El despliegue de esta red de violencia digital ha encendido las alarmas debido a que su alcance no se limita a figuras públicas, sino que afecta a ciudadanos comunes.
¿Quién es La Tía Paty?
“La Tía Paty” no se trata de una persona con ese nombre, sino de una red criminal digital que opera bajo una identidad colectiva.
Su centro de mando y difusión se localizaba principalmente a través de una cuenta de Instagram y un canal de Telegram que utilizan ese nombre para atraer seguidores bajo la fachada de un sitio de entretenimiento.
Este esquema ha logrado construir una comunidad digital basada en el consumo de información privada, donde los administradores coordinan de forma interna sus actividades ilícitas.
Por otro lado, el uso de Telegram les permite evadir los controles de moderación de otras redes sociales, facilitando la distribución de contenido sensible sin restricciones inmediatas.
¿Cómo operaba la extorsión de La Tía Paty?
La operación de esta red era inusual y se dividía en varias etapas diseñadas para maximizar el control sobre las víctimas y las ganancias económicas.
El primer paso era el denominado “Queme” Público, donde la página funcionaba inicialmente como un sitio de “chismes” o difamación; ahí se exponía la vida privada de figuras públicas y ciudadanos comunes bajo el pretexto de “revelar la verdad”.
Posteriormente, los criminales crearon un catálogo digital donde difundían imágenes de mujeres, incluyendo menores de edad, a quienes llamaban de forma codificada como “sobrinas”, promoviendo encuentros íntimos con hombres de alto poder adquisitivo.
El último paso y el más lucrativo consistía en la Extorsión Directa. A las víctimas expuestas les exigían pagos de cuotas que alcanzan los 3,300 pesos o más a cambio de eliminar las publicaciones difamatorias o el contenido íntimo de sus canales.
Por otro lado, era casi imposible que las integrantes del catálogo salieran de esta red, ya que la organización las extorsionaba mensualmente bajo la amenaza de difundir su participación o contenido en redes sociales masivas.
Finalmente, el grupo también obtenía recursos mediante suscripciones al morbo, cobrando cuotas a los usuarios para tener acceso a contenido “exclusivo” o filtraciones de mayor impacto.
