Habitantes del edificio de departamentos ubicado en Tonalá 125, en la colonia Roma Norte, informaron que, tras el desalojo del 26 de agosto, analizan iniciar un proceso legal para demostrar que han arrendado y habitado el inmueble de manera legítima. En el lugar residían 22 familias.
Una habitante, con más de 40 años en el predio, pidió anonimato por temor a represalias y explicó a La Razón que, desde el operativo, se mantienen en guardias para cuidar sus pertenencias, mientras revisan la documentación y los pasos a seguir.
“Estamos cuidando nuestras pertenencias y, al mismo tiempo, revisamos nuestras argumentaciones y el proceder de las instancias para analizar qué caminos podemos seguir. Hemos tenido acercamientos con distintas instituciones y vamos a tomar los procesos paso a paso”, señaló la vecina.
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Acusan que fueron amenazados
Asimismo, los vecinos denunciaron que durante el operativo un grupo de personas les apuntó con armas y los amenazó con detenerlos si no obedecían de inmediato. Según los testimonios, al menos dos jóvenes fueron detenidos, todos con cargos relacionados con ese predio. Relataron que, cuando pidieron una orden o una explicación, les respondieron que no tenían derecho a exigirlas.
Posteriormente, afirmaron que las autoridades justificaron el operativo argumentando que todo se realizó conforme a derecho, aunque ellos aseguran lo contrario. Explicaron que en ningún momento estuvieron presentes las fiscalías especializadas para atender a comunidades, adultos mayores, niñas, personas con discapacidad o animales.
“Nunca estuvieron las fiscalías especializadas para atender a las diferentes comunidades, a las distintas edades, ni a animales, ni a personas adultas mayores, ni a la infancia, ni a personas con discapacidad. Nunca se nos dio atención. Todo fue impulsivo, un momento de demasiado estrés y ansiedad, de no saber qué hacer, de no poder comunicarte con los demás, porque nos bloquearon las señales. Entonces, siento que estos momentos fueron una época de pesadilla: despertar y vivir en una pesadilla, en donde ahora se nos acusa de cosas que no corresponden. Hemos visto cómo a personas se les vulnera la vida y la libertad, y esas personas son parte de nosotros”, explicó la vecina.
La Fiscalía capitalina informó que ejecutó el desalojo con base en un mandamiento judicial derivado de una carpeta de investigación por el delito de despojo. Los representantes legales de una empresa presentaron la denuncia y acreditaron la compra del inmueble mediante escritura pública.
El edificio se encontraba en litigio entre los inquilinos y los nuevos propietarios, quienes acudieron al lugar acompañados de un actuario y elementos de seguridad. Posteriormente, la Fiscalía aseguró el inmueble y colocó sellos de “inmueble asegurado por despojo”, transfiriendo la posesión a los denunciantes de manera inmediata.
Una de las vecinas, que prefirió omitir su nombre, señaló que las acusaciones contra los habitantes desalojados están relacionadas con un individuo identificado como Edgar Romero Nájera.
JVR
