Empresa interpone 13 amparos

Empresa atora un año iniciar juicio en caso Axe Ceremonia

Defensa de fotoperiodista Miguel acusa que compañía Operadora Eclectic ha interpuesto 13 amparos; familia de Berenice no ha logrado coincidencia con la de la otra víctima

La familia de Miguel Ángel Rojas junto con sus abogados, ayer, en conferencia.
La familia de Miguel Ángel Rojas junto con sus abogados, ayer, en conferencia. Foto: David Patricio›La Razón

A casi un año de la tragedia del festival Axe Ceremonia 2025, donde perdieron la vida los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas Hernández y Citlali Berenice Giles Rivera, el caso se ha estancado y ambas familias, quienes llevan procesos legales por separado, aún esperan que la justicia llegue para los jóvenes.

La abogada de la familia de Miguel Ángel, Tábata Ximena Salas, consideró en conferencia que el poco avance es por una estrategia legal orquestada por Operadora Eclectic, S.A. de C.V., y el Gobierno capitalino.

La litigante señaló a la firma por haber tramitado 13 juicios de amparo para impedir la celebración de la audiencia inicial del caso, estrategia que, dijo, coincide con la de los abogados de la familia Giles Rivera, de los que uno de ellos es servidor público en la ciudad.

  • El Dato: Fabián Victoria, abogado de la familia Giles, dijo en enero que congresistas de Estados Unidos estaban interesados en el caso por la responsabilidad de OCESA.

Explicó que tanto los defensores de la víctima, como Operadora Eclectic, S.A. de C.V., solicitan a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que no se impute a la compañía y no se celebre la audiencia hasta imputarse a todas las empresas investigadas mediante escritos y amparos presentados en la misma hora y fecha.

“La coincidencia en tiempos procesales puede evidenciar una coordinación de las acciones legales. ¿Cuál es el efecto de esto? Que a un año del asesinato de Miguel Ángel no tengamos aún responsables”, apuntó Ximena Salas.

El 5 de abril de 2025 la instalación ilegal de dos grúas metálicas dentro del festival Axe Ceremonia provocó que se desplomaran sobre los fotoperiodistas, quitándoles la vida. Decenas de amparos han dilatado el caso, posponiendo la audiencia inicial desde el 15 de octubre de 2025.

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Actualmente hay tres empresas imputadas por el caso: Operadora Eclectic, S.A. de C.V., la Agencia de los Socios, S.A.P.I. de C.V., y O.N. Producciones Creativas, S.A.P.I. de C.V.

La primera es una filial de Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V., cuyo presidente del consejo de administración ha sido desde 2020 George Mac Mc Phail Trouyet, dueño a la vez de Grupo de Seguridad Privada CAMSA, la empresa que vigilaba la estación migratoria de Ciudad Juárez que se incendió el 27 de marzo de 2023, provocando la muerte de 40 migrantes.

NLP también fue la empresa que obtuvo la concesión del Parque Bicentenario. Eclectic es su filial que estaba encargada de la administración del parque y la organización de eventos. Es responsable de tramitar el Programa Especial de Protección Civil del Axe Ceremonia 2025

“La postura que sostienen Eclectic y NLP es que no son responsables penalmente de la tragedia, porque solamente prestaron el parque, lo rentaron”, apuntó Oscar David Camarena, abogado.

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El 18 de septiembre de 2025, la empresa asentó un escrito en la carpeta de investigación donde asegura que durante el Axe Ceremonia solamente fue “facilitador y/o conserje del parque”.

Además hay otras tres empresas que aún son investigadas, pero la defensa mencionó que la diferencia entre una firma imputada y una investigada “es contar con elementos de prueba que acrediten o presumen una responsabilidad en los hechos. En este caso, hay tres firmas investigadas: NLP, OCESA y Lobo”.

La defensa precisó además que uno de los abogados de la familia Giles, Gerardo Guzmán Jiménez, es administrativo de Control Presupuestal en la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la capital.

Al respecto, la defensa indicó que, sobre este punto, no ha habido una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

“Hemos pedido una explicación de la Secretaría y de la propia Jefa de Gobierno, sobre por qué en horario laboral acude este servidor a las audiencias. Además de que puede ser un delito, habla de corrupción. Ya tendría que haber una investigación del órgano interno de control.

“Que un servidor público esté solicitando que no se impute a una de las empresas en el proceso penal, nos genera desconfianza sobre qué intereses hay detrás”, cuestionó el abogado Edwin Alan Piñón, quien afirmó que la Fiscalía ya tiene conocimiento de esta situación.

EL SEÑALAMIENTO. Los padres de Citlali Berenice acusaron que existen más de 80 pruebas dentro de la carpeta de investigación que apuntan a la responsabilidad de las empresas OCESA y Seguridad Lobo; sin embargo, denunciaron que la Fiscalía capitalina no ha querido integrar estos elementos de manera efectiva en el proceso.

Raúl Giles, padre de la víctima, señaló que la familia ha insistido en que ambas empresas sean consideradas desde la primera audiencia, pues viven en Aguascalientes y quieren arrancar el proceso legal con la seguridad de que no van a tener que estar asistiendo a la capital cada semana para ver si se persigue a la boletera o a la empresa de seguridad.

“Nosotros hemos observado en la carpeta y hay más de 80 pruebas que ponen responsabilidad por parte de OCESA y Lobo. Nosotros estamos viendo eso y se lo decimos a la Fiscalía, pero la Fiscalía no lo quiere ver, entonces algo está pasando ahí”, afirmó a La Razón.

El padre de Berenice sostuvo que su exigencia no busca proteger a ninguna de las partes involucradas, sino que se determine la responsabilidad con base en las pruebas.

“Simplemente estamos haciendo responsables a los responsables y que el juez haga su trabajo”, indicó.

También criticó que se desvíe la atención hacia temas ajenos al caso, como la situación laboral de algunos abogados, lo cual para él entorpece el análisis de fondo. “Estamos evaluando un homicidio culposo y no estas otras cosas”, expresó.

Más allá del proceso legal, Raúl Giles describió el impacto emocional que ha dejado la muerte de su hija, al asegurar que la familia no ha podido vivir un duelo adecuado debido a las irregularidades que perciben en la investigación.

Raúl Giles también reconoció el dolor de la familia de Miguel Ángel y aseguró que han intentado establecer canales de diálogo para avanzar hacia una posible conciliación. Reveló que propuso que los equipos legales de ambas partes se reunieran para encontrar puntos de coincidencia, lo cual no prosperó.

En tanto, Blanca Rivera, madre de la fotógrafa Citlali Berenice, comentó que buscó un acercamiento directo con la madre de Miguel Ángel, pero no tuvo éxito.

“Yo le pedí a mi licenciado que le dijera a la mamá de Miguel que quería yo hablar con ella, de madre a madre, a ver si así podemos entendernos mutuamente o llegar a una justicia para nuestros hijos, pero no lo aceptó”, lamentó.