Vecinos y autoridades de Miguel Hidalgo formaron un frente común para frenar el retiro sistemático de sellos de clausura en construcciones e inmuebles irregulares de la demarcación. La medida busca obligar al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía capitalina a transparentar los fallos que permiten la continuidad de obras en predios que violan el uso de suelo.
Actualmente, la alcaldía registra más de 30 denuncias formales ante las autoridades correspondientes por el retiro no autorizado de sellos de suspensión. La práctica ocurre luego de que juzgadores otorgan suspensiones a desarrolladores privados para invalidar las verificaciones realizadas por el gobierno local.
El alcalde Mauricio Tabe explicó que no se busca confrontar al órgano jurisdiccional, sino exponer públicamente los criterios de los magistrados. “Cuando los asuntos se debaten públicamente, la legalidad impera. Entregaré cada mes la información al presidente del Tribunal sobre los casos críticos que deben revisarse”, afirmó.
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Entre los domicilios con irregularidades identificadas destacan Arquímedes 32, Lomas Altas 193, Galileo 20, Moliere 88, Bosques de Duraznos 100 y Pinos 44, este último señalado por funcionar como hotel sin las licencias requeridas y con reportes vecinales sobre seguridad armada en el exterior.
Al respecto, legisladores del Congreso de la Ciudad de México anunciaron que promoverán comparecencias, mesas de trabajo y puntos de acuerdo para fiscalizar las resoluciones judiciales que contravienen los reglamentos de desarrollo urbano.
El diputado Diego Garrido enfatizó que desde la agenda legislativa se dará voz a las quejas de los habitantes afectados. Puntualizó que revisarán si los magistrados emiten sentencias apegadas a derecho o si favorecen a intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
Asimismo, la bancada del Partido Acción Nacional reiteró que la protección del patrimonio de las familias y la certidumbre jurídica en los barrios tradicionales de la capital deben mantenerse como prioridad dentro del debate presupuestal y de ordenamiento territorial.
Esta acción colectiva se suma a una serie de reclamos históricos en las alcaldías céntricas de la Ciudad de México, donde el crecimiento inmobiliario desmedido genera disputas recurrentes entre autoridades de verificación y resoluciones de los tribunales administrativos.
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JVR
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