La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó formalmente la revisión de las cuentas públicas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de transparentar el ejercicio del gasto federalizado correspondiente al ejercicio 2025.
Ante el arranque de los trabajos de fiscalización, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, garantizó que su administración mantendrá una política estricta de cero tolerancia a la corrupción y exigió que cada peso gastado se refleje en beneficio de la población.
La mandataria exhortó a los titulares de las demarcaciones territoriales a enfocar la inversión pública en la atención de las necesidades inmediatas de las colonias, tales como la reparación de baches, la mejora del alumbrado público, la recolección eficiente de basura y la recuperación del entorno urbano.

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“Cada peso que recibimos de la Federación y cada peso que aporta la ciudadanía aquí con sus impuestos tiene que regresar al pueblo en forma de obras y bienestar”, afirmó la funcionaria capitalina durante el acto institucional.
El proceso de supervisión se realizará mediante un esquema de coordinación entre la ASF, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) y la Secretaría de la Contraloría General. Esta estrategia busca auditar con rigor técnico los recursos asignados a las administraciones locales.
Brugada subrayó que la vigilancia externa fortalece el desempeño de las instituciones públicas sin debilitar a los gobiernos. Además, insistió en que la rendición de cuentas representa un pilar fundamental para consolidar la democracia y garantizar los derechos ciudadanos.
“El servicio público no es sólo para administrarlo, sino que es para transformar. El poder es para servir, jamás para servirse”, reiteró la titular del Ejecutivo local al defender la fiscalización en la capital.

En su intervención, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, reconoció los avances de la metrópoli en armonización contable. Sin embargo, precisó que la auditoría pública cobra sentido únicamente cuando los resultados se traducen en la protección del patrimonio de la ciudadanía.
La revisión en la capital se alinea con las reformas constitucionales al sistema de fiscalización publicadas recientemente. Asimismo, se vincula con el Decálogo de Ética y Cero Corrupción suscrito por el gobierno capitalino, el cual establece la obligación irrenunciable de erradicar los privilegios y combatir la impunidad.
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JVR

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