Cambio legislativo da un giro al caso

Justicia sin prescripción para Gloria Trevi

Docuserie reaviva proceso legal contra la cantante; demandas en California y una queja ante la CIDH mantienen vigente la red coercitiva que marcó su historia

Gloria Trevi, en pleno concierto de su gira en México
Gloria Trevi, en pleno concierto de su gira en México Foto: Cuartoscuro

El estreno de la docuserie La Trevi sin filtro, y la guerra de declaraciones entre la intérprete de “Pelo Suelto” y la comunicadora Pati Chapoy —reavivada por los recientes señalamientos de ambas— ha terminado por poner a la cantante en el ojo público en cuanto a sus procesos legales. El conflicto tiene raíces en los hechos ocurridos entre 1989 y 2001, cuando varias jóvenes denunciaron haber sido reclutadas y explotadas en una red coercitiva encabezada por Sergio Andrade y en la que Trevi era pieza visible. Aunque la cantante fue absuelta en 2004 de un cargo penal en México, hoy enfrenta un escenario completamente distinto.

En California existen cinco demandas civiles activas en su contra, derivadas de la ley de “ventanas” que permite a las víctimas de abuso sexual infantil presentar casos aun décadas después. Las primeras fueron interpuestas en 2022 por “Jane Doe 1” y “Jane Doe 2”, seguidas por tres nuevas demandantes en 2023. Todas señalan directamente a Gloria Trevi, María Raquenel Portillo (Mary Boquitas), Sergio Andrade, las empresas del productor y una sociedad registrada a nombre de la madre de Trevi. Los expedientes sostienen acusaciones de abuso, manipulación y transporte de menores a EU, delitos que en materia federal no prescriben desde 2003.

  • El Dato: El movimiento #MeToo y el caso de Sasha Sokol fueron clave para que delitos sexuales contra menores se volvieran imprescriptibles.

En diciembre del 2023, Trevi presentó una contrademanda en Los Ángeles contra las dos primeras demandantes, alegando difamación y daño moral, pero el tribunal rechazó una moción inicial por falta de sustento. Las demandas civiles siguen su curso bajo jurisdicción californiana.

Paralelamente, en México subsiste una disputa en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) por la marca “Gloria Trevi”. La activista y sobreviviente Karla De la Cuesta solicitó la nulidad de la marca al argumentar que su valor comercial se sustenta en explotación y trabajo forzado de al menos 11 mujeres de la red coercitiva. Además, Trevi interpuso una demanda por uso de imagen contra de la Cuesta por el libro Todo a la luz, mismo que el IMPI decidió no censurar al priorizar el derecho a la libertad de expresión.

A esto se suma el proceso contra TV Azteca, originado por la demanda de difamación que Trevi interpuso años atrás. De los 90 puntos iniciales de acusación, el tribunal mantiene solamente nueve en revisión, por lo que el caso sigue abierto pero acotado.

Otra vertiente jurídica surge del ámbito internacional: Karla de la Cuesta, a través de la Fundación Alas Abiertas, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por presunta omisión y falta de protección a las víctimas. No va dirigida contra Trevi ni Andrade, sino contra las autoridades que permitieron la impunidad por más de tres décadas.

El escenario se complica con la bioserie Gloria Trevi: Ellas soy yo, producida por TelevisaUnivision. Aunque buscaba mostrar la imagen de la cantante y su paso por la red coercitiva, terminó acusada de revictimizar a quienes vivieron bajo este dominio. El proyecto fue retirado de transmisión en su capítulo 16 en EU ante la presión

de anunciantes.