De acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 23.8 por ciento de los adolescentes que están privados de su libertad no ha recibido una resolución penal, que es el equivalente a la sentencia, en el caso de los adultos.
En el informe Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) publicado por el Instituto el pasado lunes, se establece que hasta 2023 —el corte más reciente que contempla el estudio— había mil 275 personas de entre 14 y 17 años en internación en las 32 entidades federativas.
Además, había otros dos mil 600 menores de edad sujetos a proceso penal por la posible comisión de delitos del fuero común, aunque con medidas cautelares distintas a la privación de su libertad, para un total de tres mil 785.
- El dato: De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ningún muchacho menor de 14 años puede ser privado de la libertad.
De entre los primeros, 303 adolescentes en conflicto con la ley permanecían en distintos centros especiales de internamiento sin tener una resolución penal que acreditara su responsabilidad en los delitos que las fiscalías o procuradurías estatales les imputan.
Entre 2017 y 2023 se registró una baja de 44 por ciento en el número de menores edad que fueron privados de su libertad, al pasar de dos mil 728 a mil 508.
Las tres entidades con las tasas más altas fueron Aguascalientes, con 95.1 internos por cada 100 mil adolescentes; Nayarit, con 62.7, y Sonora, con 58.7, mientras que, en el otro extremo, el estado de Tlaxcala reportó cero ingresos de menores ese año.
- 51 centros de internamiento para menores hay en todo el país
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El nivel de estudios preponderante entre los adolescentes en conflicto con la ley es secundaria, con 36.8 por ciento de quienes están internados y 46.4 por ciento entre quienes gozan de libertad, seguido de preparatoria, con 31.7 y 25.1 por ciento, respectivamente.
Del análisis del Inegi se desprende que, en 2022, sólo uno de cada dos adolescentes imputados dijo haber contado con la asesoría de un abogado durante su estancia en el Ministerio Público, mientras que 84.5 por ciento refirió que tuvo este tipo de asesoría antes de ser presentado en el juzgado penal por primera vez.
Entre 2017 y 2022, las mujeres sufrieron una disminución en cuanto a la asistencia de un defensor, pues en el primero de esos años, 86.8 por ciento reconoció que tuvo acceso a un abogado antes de la presentación ante el juez, porcentaje que bajó a 83.6 por ciento en 2022.
Además, 17.5 por ciento de los jóvenes de ambos sexos refirió no haber tenido contacto o acompañamiento de sus padres o tutores durante el primer encuentro con el juez de control que está a cargo de la causa penal correspondiente.
En tanto, 96.1 por ciento de los varones que estaban internados aseguró que contó con servicio médico o psicológico cuando lo solicitó, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje fue ligeramente superior, con 97.2.
En ese año, 16.9 por ciento de los menores de edad sujetos a proceso penal declaró haber pensado alguna vez en quitarse la vida. Y de éstos, 53.3 por ciento, equivalente a 307 personas, intentó suicidarse al menos en una ocasión.
En el transcurso de 2023 se consignó la posible comisión de 33 mil 975 delitos en carpetas de investigación iniciadas en materia de justicia penal para adolescentes por las fiscalías o procuradurías de justicia estatales.
Los cinco delitos presuntamente más cometidos fueron lesiones, con 24.8 por ciento del total; robo, con 15.2; amenazas, con 9.4; abuso sexual con 9, y narcomenudeo, con 8.4 por ciento.
De acuerdo con el análisis EPACOL, en el transcurso de 2023 se registraron 28 mil 899 víctimas derivadas de las carpetas de investigación abiertas por la probable comisión de delitos por parte de menores de edad. De este total, seis de cada 10 eran mujeres, mientras que 56.7 por ciento de los agraviados de ambos sexos tenía 19 años de edad o menos.
