La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 208 millones 684 mil 305 pesos en diversas revisiones a fondos que recibe de la Federación relacionados con educación, salud, seguridad e infraestructura ejercidos durante la administración de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas.
Este monto es cercano, por ejemplo, al presupuesto total anual de este año para la Auditoría Superior del Estado, que es de 214 millones de pesos, o al del propio despacho del Ejecutivo estatal, que asciende a 201 millones 082 mil 467.19 pesos por clasificación funcional del gasto, que agrupa los montos de acuerdo con sus propósitos.
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En su segundo informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al primer año de ejercicio gubernamental de Jiménez Salinas, la ASF localizó un monto pendiente por aclarar de 4 millones 597 mil 698.74 pesos del programa Expansión de la Educación Inicial.
De acuerdo con los resultados de la fiscalización, el gobierno de Coahuila realizó, además, pagos correspondientes a “pasajes aéreos internacionales asociados a programas de seguridad pública y nacional”, los cuales no se ajustaron con los objetivos del programa.
Adicionalmente, se efectuaron pagos relacionados con cuatro comprobantes fiscales digitales por Internet, los cuales no contaron con los números de serie de las adquisiciones. Asimismo, no se acreditó que las adquisiciones y servicios contratados fueron efectivamente realizados en el periodo.
- El Dato: EN EL 2024, Coahuila recibió recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) por 2 mil 942 millones 586 mil 300 pesos.
La ASF determinó que, en el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado infringió la normativa, principalmente la marcada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, y de las Reglas de Operación del Programa Expansión de la Educación Inicial para el ejercicio fiscal 2024.
En cuanto a los recursos del gasto federalizado Transferidos a las Instituciones de Educación Media Superior, la Auditoría Superior de la Federación determinó que hay 31 millones 172 mil 763.11 pesos pendientes por aclarar, pues el Colegio de Bachilleres de Coahuila realizó pagos no autorizados o en exceso, efectuó pagos a un trabajador que se encontraba con licencia sin goce de sueldo y dio también pagos a tres trabajadores que no acreditaron el perfil requerido para el puesto.
De igual manera, en los recursos del gasto federalizado Transferidos a las Instituciones de Educación Media Superior, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila tiene pendiente por aclarar 30 millones 213 mil 086.56 pesos por no entregar la documentación justificativa o comprobatoria.
Además, se realizaron pagos en 51 plazas no contempladas en las plantillas autorizadas, pagos a 13 trabajadores en tres categorías salariales fuera de los tabuladores establecidos, se identificaron pagos indebidos a tres trabajadores después de su baja definitiva y a uno después de su fecha de defunción, mientras que en otro no se acreditó la prestación de servicios contratados.
El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza no pudo comprobar el gasto de 10 millones 815 mil 084.85 pesos, pues la ASF detectó que se pagaron sueldos a 16 categorías de puesto, las cuales no se ajustaron a los tabuladores autorizados y a 34 trabajadores que no cumplieron con los requisitos establecidos en los perfiles de puestos.
“El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del gasto federalizado, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría”, señaló el informe de la ASF.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la Auditoría Superior determinó que el Gobierno de Coahuila tiene 78 millones 878 mil 640.03 pesos pendientes por aclarar.
La ASF detectó que, en el manejo de los recursos, el gobierno de Coahuila no entregó la documentación comprobatoria de las erogaciones en obra pública.
Además, no presentó la justificación para el cambio de especificaciones entre los conceptos de obra ejecutados en campo, siendo éstos diferentes a los conceptos de obra estimados y pagados, por lo cual la ASF promovió una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, la cual investiga y sanciona a servidores públicos que han cometido faltas administrativas.
