En medio de las críticas contra su Gobierno por la detención del reportero Rafael León Segovia, conocido como “Lafita León”, acusado de terrorismo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, rechazó que en la entidad se atente contra la libertad de expresión y sostuvo que “la ley se aplica de manera igualitaria para todos”.
“Para la ley todos somos iguales, periodistas, reporteros, profesionistas, carpinteros, lo que seas; para la ley todos somos iguales”, afirmó la mandataria estatal en entrevista con una radiodifusora local.
La gobernadora, emanada de Morena, defendió que en Veracruz se realizan “investigaciones serias” y que, cuando existen pruebas y evidencias, las autoridades actúan conforme a derecho. En ese sentido, negó que su administración coarte el ejercicio periodístico.
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Advirtió que en Veracruz se ha vivido un año en que perdura la libertad de expresión, “yo diría que hasta con excesos, y de mi parte y de parte de mi Gobierno no ha habido un solo reclamo, una sola señalización”, expresó.
Lo anterior, al recordar coberturas críticas durante contingencias recientes en la región de la Huasteca.
Nahle García adelantó que solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) emitir información pública, ya sea mediante un comunicado oficial o una entrevista, para aclarar los hechos relacionados con la detención del comunicador.
En tanto la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas informó que brinda acompañamiento jurídico y asesoría legal a Rafael León Segovia desde el pasado 24 de diciembre, fecha en la que fue intervenido por autoridades ministeriales.
“El apoyo se otorgó desde el 24 de diciembre. Se dio seguimiento a la audiencia inicial, donde se realizó el control de la detención y la formulación de imputación”, precisó el organismo.
De acuerdo con la Fiscalía Regional con sede en Coatzacoalcos, un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra el periodista por los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública. La autoridad ministerial informó que la detención fue calificada como legal y que la audiencia de continuación se llevará a cabo el sábado 29 de diciembre a las 8:00 horas.
La detención del reportero ha generado una fuerte reacción de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de usuarios en redes sociales, quienes califican el caso como fabricado y como un castigo por su labor informativa.
La organización Article 19 advirtió que este tipo de acciones generan un efecto inhibidor para el periodismo, especialmente en contextos de violencia y presencia de redes criminales.
“El uso del sistema penal como represalia por la labor que desarrollan las personas periodistas es un abuso y no tiene cabida en una democracia”, señaló la organización, que además exigió a las autoridades de Veracruz erradicar cualquier práctica intimidatoria que amenace el derecho humano a la libertad de expresión.
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JVR
