El plan B de la reforma electoral que impulsa el Gobierno federal, el cual plantea entre sus postulados disminuir “privilegios” en los congresos locales y en los municipios, puede afectar el principio del federalismo, advirtió Fernando Ojesto, especialista en temas electorales.
En entrevista con La Razón, el profesor visitante en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame dijo que, aunque todavía no se conoce la nueva propuesta de enmienda, ya se dieron a conocer algunos puntos, como es eliminar costos en los congresos locales y en los municipios, así como el tema de la revocación de mandato, que cambia la fecha, y las consultas populares en materia electoral.
- El Dato: EL CONGRESO del estado de Colima es uno de los más caros del país, con un costo de alrededor de 5.1 millones de pesos por cada uno de sus 25 legisladores.
Lo anterior, alertó, puede dar lugar a que se den reformas que sean contrarias al federalismo y que estarían atentando contra la soberanía y la autonomía de las entidades federativas para decidir sobre su organización interna.
“Si se va a tratar de buscar ajustar la estructura y el número de diputados locales o el número de regidores, eso me parece que atentaría contra el federalismo, que es un principio fundacional en nuestro Estado. Entonces, me parece que no es lo idóneo sobre este tema”, evaluó.
TOPE DE RECURSOS. De acuerdo con la propuesta de reforma electoral conocida como plan B, se busca disminuir los privilegios en los congresos locales y en los municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les destinan, con lo cual se generaría un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos que se destinarán directamente a los estados y a los ayuntamientos.
- El Tip: LA NUEVA propuesta electoral federal considera disminuir gastos en congresos locales y en municipios, al destinar un tope máximo de los recursos que se les asignan.
En su argumentación, el Gobierno federal expuso casos como los de los congresos de Baja California, con un costo por legislador de 34.8 millones de pesos (mdp); de Colima, de 5.1 mdp por legislador, o de Morelos, de 31.8 mdp por cada diputado. Por ello, se propone un tope máximo al presupuesto que sea destinado a los congresos locales.
En el caso de las regidurías, el especialista expuso que hay municipios, como es el caso de Monterrey, con 28 regidores, o Puebla, con 23.
¿INTROMISIÓN? Fernando Ojesto dijo que el tocar los sueldos o bonos que reciben algunos legisladores locales o regidores también sería atentar contra el federalismo y además ya está explícito en la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente de la República.
- 4 mil millones de pesos se ahorrarían en el ámbito local con la reforma
“A mí me parece que la cuestión ya es clara cuando establece el tema de que nadie puede ganar más allá del presidente y con eso se queda. No se podría legislar más porque entonces me parece que sería otra vez, también, atentar contra el federalismo”, expuso.
“Eso es decisión de cada entidad federativa. Entonces, me parece que tienen que ser muy cuidadosos para el tema de que vas a legislar a través de la legislación federal cuestiones locales. Entonces, hay que esperar cómo viene, pero me parece que en todo momento la cuestión se estaría entrometiendo en facultades que les toca a las propias entidades federativas”, previó.
Agregó que es una buena noticia que el llamado plan B no modifique ninguna estructura electoral, como podría ser la de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), que son autoridades autónomas en cada estado mexicano encargadas de organizar elecciones locales.
CORTE, A PRUEBA. También mencionó que, al ser una reforma a leyes secundarias, no se puede tocar nada de lo que está establecido en la Constitución y, si eso ocurriera, todos los partidos políticos pueden presentar acción de inconstitucionalidad, al ser una reforma en materia electoral; sin embargo, también será “una prueba de fuego” para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ver cómo reacciona ante las probables impugnaciones que harían los partidos de oposición.
“Entonces también es una prueba de fuego para la Suprema Corte de Justicia porque pues, bueno, sería ver cómo reacciona esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, que fue electa por voto. Acordémonos que la reforma judicial fue consecuencia de cuando la Suprema Corte invalidó el plan B de López Obrador”, dijo Fernando Ojesto.
Finalmente, el especialista recordó que toda reforma en materia electoral se debe aprobar 90 días antes de que se inicie el proceso electoral, por lo que si se quiere aplicar para las elecciones de 2027, se tiene como fecha máxima el próximo septiembre.
“Si quieren aplicar para las elecciones de 2027, pues hay que hacerlo 90 días antes de que inicien los procesos electorales y ya estamos en tiempo. Entonces, pues bueno, ya estamos muy, muy cercanos a eso, porque hay que acordarse que el proceso electoral inicia en septiembre de 2026”, explicó.
BROTA INCONFORMIDAD. La propuesta de plan B que hoy se presenta ya generó algunas reacciones entre legisladores locales, como es el caso del diputado de Morena en Morelos Sergio Omar Livera Chavarría, quien defendió el presupuesto del Congreso de su estado y rechazó que se trate de un Poder Legislativo que tenga gastos excesivos.
El legislador morelense explicó que entre 70 y 80 por ciento del presupuesto anual del Congreso, que supera los 600 millones de pesos, se destina al pago de jubilaciones, pensiones y salarios del personal en activo.
Asimismo, rechazó que la totalidad de los recursos disponibles se destine al pago de los diputados, como se ha señalado en algunos comentarios públicos.
