El gobernador de Tabasco, Javier May, reconoció la oleada violenta que sacude a su estado, con ejecuciones y decapitaciones, y la atribuyó a la disputa entre dos grupos de la delincuencia organizada —presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora— para “recuperar la rectoría” que pretenden tener en la entidad.
Un día después de que en el municipio de Centro fueron localizadas dos personas decapitadas, que se suman a otros siete casos del mismo tipo ocurridos desde hace poco menos de dos meses, el mandatario estatal declaró que ambos grupos delictivos, a los que no identificó por su nombre, “no están por encima del Estado”.
Dijo que en Tabasco hay “cero impunidad” y se trabaja todos los días en materia de seguridad, lo cual ha arrojado como resultado detenciones relevantes.
- El Dato: EL PRESUNTO líder de La Barredora, Hernán Bermúdez, quien está en prisión, enfrenta 3 procesos penales por delitos como secuestro, extorsión y desaparición.
“Es una pugna que traen entre los dos grupos por recuperar la rectoría de sus organizaciones delictivas, pero no están por encima del Estado”, mencionó el gobernador, cuestionado por la prensa local en un evento público.
Reiteró que no habrá tolerancia frente a los grupos de la delincuencia organizada y afirmó que las autoridades mantienen operativos permanentes para atender cualquier incidencia.
“Ya lo hemos dicho: quien comete un delito o una agresión de este tipo, hay cero impunidad. Nosotros estamos actuando todos los días y ya hay detenidos”, refirió.
PUNTO CLAVE. No obstante, el experto en seguridad Alberto Guerrero Baena consideró que en Tabasco se perdió la estabilidad anteriormente alcanzada debido a la presencia de varios grupos delictivos.
“Por un lado está el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación. Por el otro lado su brazo armado, que es La Barredora —pero que también hemos de recordar que éste mantuvo en algún momento nexos con el Cártel del Golfo—.
“Y por el otro lado todo lo que queda de remanentes del Cártel del Golfo, y aquí una cuestión muy importante es que no es un choque binario, sino es una fragmentación de alianzas, lo cual incrementa la violencia porque al final, desgraciadamente, muchos de ellos actúan de manera independiente y no por el mandato de un jefe de plaza”, aseguró.
En su explicación, el especialista agregó que Tabasco se volvió un “punto muy valioso” para los criminales, ya que se ha constituido como un polo muy importante por la economía energética.
- 9 decapitaciones en Tabasco en menos de 2 meses
Expuso que también la violencia que azota a la entidad se debe a una “incapacidad del Estado mexicano” debido a una reacción tardía y negación a contener a los grupos criminales.
Otro de los aspectos es el tema de las policías locales, con estructuras “sumamente débiles y que son infiltradas en algunos de los casos”, por lo cual tienen baja capacidad operativa.
Asimismo, mencionó que en la medida en que el gobierno estatal no reconozca que tiene un “grave problema” y que Tabasco pasó de ser un estado relativamente tranquilo a uno de “riesgo emergente”, las ejecuciones de personas y los hechos de violencia van a continuar.
“Desgraciadamente, si no hay una intervención en inteligencia, en depuración policial y una judicialización real de los conflictos, pues la violencia va a seguir consolidada”, advirtió.
MATIZ POLÍTICO. Al preguntarle a Javier May Rodríguez por las críticas del PRD en la entidad, que denunció acciones limitadas para contener a las organizaciones delictivas, el mandatario morenista contestó que el instituto político “no representa nada” y carece de propuestas.
“No tienen ninguna propuesta ni bandera, no representan el sentir de los tabasqueños, siempre es oponerse a todo, pero el pueblo no los tiene en el radar, está complicada su situación; entonces, todo lo que se haga van a estar en contra y van a pedir la renuncia de todos”, declaró el titular del Ejecutivo local.
El dirigente del PRD en Tabasco, Rafael Acosta, dijo la víspera que, pese a los discursos oficiales, los índices delictivos no muestran una disminución, particularmente en el caso de homicidios dolosos.
- El Tip: LA ENCUESTA Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi colocó a Villahermosa, al corte de diciembre pasado, con 83.8 por ciento de percepción de inseguridad.
“No hay indicadores que reflejen una baja; por el contrario, las ejecuciones siguen al alza, aunque lo nieguen. La realidad nos rebasa y todos la vemos a diario”, sostuvo.
Además, Acosta mencionó que la situación de inseguridad no puede ocultarse y urgió a las autoridades a implementar medidas contundentes.
También puso en duda si dichas detenciones derivaron en procesos efectivos o si se trató de acciones momentáneas sin seguimiento. “No sabemos si los detuvieron sólo para la foto y los liberaron después, o si incluso se trató de personas inocentes”, cuestionó.
DENUNCIAN DETENCIONES ILEGALES
Por Alan Gallegos
FAMILIARES DE CUATRO jóvenes detenidos por elementos de la Fiscalía de Tabasco denunciaron que sus parientes fueron acusados injustamente y sin pruebas de narcomenudeo.
Afuera de Palacio de Gobierno, los familiares pidieron la intervención del gobernador Javier May para liberar a los detenidos, quienes, aseguraron los manifestantes, son inocentes.
La esposa de uno de los detenidos afirmó que su marido es repartidor de una aplicación de comida y el pasado jueves 9 de abril los policías se metieron a su casa para sacarlo a la fuerza y culparlo de narcomenudeo, sin pruebas.
Agregó que la detención fue injusta, pues los policías no llevaban orden de captura, “se metieron a la brava” y lo golpearon.
Refirió que los trabajadores de aplicaciones han sido el blanco preferido de los operativos policiacos.
“Ellos no se dedican a nada malo; es repartidor de DiDi y Uber. No es la primera vez que se escucha que detienen a los repartidores y los acusan de narcomenudeo, además de sembrarles cosas que no tienen”, mencionó.
La denunciante añadió que los uniformados se mueven bajo un mismo modus operandi: se trasladan en camionetas sin identificación oficial visible, se cubren el rostro con pasamontañas y entran a los domicilios sin mostrar orden judicial alguna.
