Las quejas por violaciones a los derechos humanos de personas privadas de la libertad en Sonora tuvieron un incremento de 79 por ciento entre 2024 y 2025, situación que incluso ha forzado a la intervención no sólo de la comisión estatal en la materia, sino también de la nacional.
El último informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH) en 2024 estableció que se registraron mil 186 quejas de personas privadas de la libertad, mientras que al año siguiente la cantidad se incrementó a dos mil 122.
- El Dato: La sobrepoblación es un problema constante en los centros penitenciarios de Sonora, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los internos.
Tanto en 2024 como en 2025, las personas privadas de la libertad fueron quienes más solicitaron apoyo y protección por parte de la CEDH, para orientación jurídica, presentación de quejas y gestión de trámites.
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El informe de la CEDH señaló que, en 2025, a las personas privadas de la libertad se les ofrecieron tres mil 616 orientaciones jurídicas, tres mil 174 atenciones ciudadanas, 719 canalizaciones y se iniciaron 42 quejas de oficio.
Mientras tanto, en 2024 la CEDH ofreció mil 739 orientaciones jurídicas, 169 canalizaciones, 920 atenciones ciudadanas y se abrieron 29 quejas de oficio.
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El documento también reveló que en 2025 los centros de Reinserción Social (Cereso) del Sistema Penitenciario del estado de Sonora fueron la segunda instancia con mayor número de quejas, con un total de 912, lo que representa 57 por ciento más que en 2024, cuando se reportaron 579 quejas.
En cuanto a los grupos atendidos por las quejas de oficio, en primer lugar están las niñas, niños y adolescentes, seguidos por las personas privadas de la libertad y las personas adultas mayores.
También, en 2025 las personas privadas de la libertad ocuparon el primer lugar con mayor número de medidas cautelares, con 209.
Las medidas cautelares son mecanismos de protección inmediata de la comisión, en tanto se permite intervenir con prontitud frente a situaciones urgentes que implican un riesgo de daño grave, irreparable o de difícil reparación para las personas.
La CEDH mencionó que entre los beneficios inmediatos de las medidas cautelares se encuentra atender urgentemente la salud de 202 personas privadas de la libertad.
La constante violación a los derechos humanos se vio reflejada el pasado 29 de abril, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de manera conjunta con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), dictó medidas de atención y seguimiento para la apertura de los procedimientos de queja y de medidas cautelares a favor de un grupo de hombres privados de libertad en el Centro de Reinserción Social Varonil de Nogales, Sonora, por diversos hechos que podrían constituir prácticas de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
Las autoridades explicaron que el pasado 25 de marzo, durante las visitas de supervisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2026, en el estado de Sonora, personas visitadoras realizaron un recorrido por las áreas del Centro de Reinserción Social, con el fin de inspeccionar la integridad física y psicosocial de las personas privadas de libertad, el respeto a derechos humanos, condiciones de estancia digna, así como los aspectos sobre las condiciones de gobernabilidad, seguridad y actividades encaminadas hacia la reinserción social y la atención a grupos con necesidades específicas.
Durante el desarrollo de las tareas de supervisión, realizadas con el acompañamiento del personal del organismo público de derechos humanos de la entidad, las personas visitadoras adjuntas del organismo nacional identificaron a un grupo de al menos 43 hombres privados de libertad, quienes se encontraban ubicados en el espacio denominado de “observación”, con diversas medidas restrictivas respecto a su desplazamiento hacia otras áreas del Centro de Reinserción Social, además de otras 12 personas privadas de la libertad que se encontraban en las áreas “observación A” y “observación B”, quienes manifestaron haber sido presuntamente víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Luego de que el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo conocimiento, solicitó de inmediato a la autoridad la implementación de diversas medidas en favor de este grupo de la población penitenciaria, como la certificación de su estado físico y, en su caso, la atención médica y medicamentos para el grupo de personas privadas de la libertad lesionadas, así como asistencia jurídica.
También se informó que las personas visitadoras adjuntas de la CNDH constataron la certificación del estado físico de las personas privadas de la libertad señaladas y éstas presentaban rasgos visibles de lesiones físicas en distintas partes de su cuerpo, principalmente glúteos, las cuales se identificaron en los certificados médicos como “edemas” o “eritemas” en ambos glúteos, así como “equimosis intraocular” en otro caso, y una persona más con un corte pequeño en el brazo.
De acuerdo con las personas visitadoras, los hechos se identificaron en las áreas de “observación A y B”, cuando entrevistaron al menos a 12 personas, quienes señalaron estar “castigadas” sin haber sido sometidas al procedimiento de imposición de sanciones, de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), además de que aseguraron que permanecían en ese “dormitorio” desde hacía 20 días o más, bajo condiciones de aislamiento.
Durante las entrevistas con las demás personas privadas de libertad que se encontraban en la misma zona de “observación”, indicaron que algunas tenían hasta cuatro meses de aislamiento, además de vivir en condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de agua, y de servicios de luz e hidrosanitarios.
Las personas privadas de la libertad señalaron prácticas de castigos corporales consistentes en “tablazos” en los glúteos y otras formas de castigo, incluyendo el aislamiento por periodos prolongados sin acceso a servicios.
Es importante destacar que, como parte de las tareas derivadas de la supervisión, el personal de la CNDH informó de inmediato los hechos, con el fin de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) dé inicio a las acciones correspondientes, de conformidad con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y se adopten las medidas correspondientes para garantizar la protección de la integridad personal y psicosocial de las personas privadas de libertad.
Al concluir la visita de supervisión, el personal de la Comisión Navional de los Derechos Humanos instó a las autoridades del Centro de Reinserción Social a garantizar la integridad de las personas quejosas y adoptar medidas para evitar la repetición de estos actos.
