El vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, solicitó licencia al cargo a casi una semana de que Estados Unidos lo acusó de presuntos vínculos con el crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó la separación temporal, aunque no precisó el periodo ni informó sobre un nombramiento provisional para ocupar la segunda posición más relevante dentro de la institución de procuración de justicia.
No obstante, la FGE indicó que Castro Zaavedra manifestó su disposición para “atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.
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Fiscalía ya analizaba separación de Dámaso Castro Zaavedra
Más temprano, la fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que se analizaba la separación del cargo de Dámaso Castro Zaavedra para no “entorpecer” la investigación del caso.
“Él ahorita continúa activo; sin embargo se analiza la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúa su curso para atender el debido proceso”, declaró a la prensa.
El pasado 4 de mayo, la FGE había sostenido que Castro Zaavedra continuaba en funciones y que el cargo no le otorgaba inmunidad procesal.
Asimismo, indicó que el entonces funcionario atendería cualquier “citación, requerimiento o resolución” emitida por las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) dio a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
También fueron acusados otros ocho funcionarios y exservidores públicos de esa entidad del Pacífico, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez, por presuntamente conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos “a cambio de apoyo político y sobornos”.
Estados Unidos solicitó al gobierno de México la detención provisional con fines de extradición de cada uno de los imputados por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, por los que enfrentarían cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.
Además del mandatario estatal, del senador de Morena y del vicefiscal general de Sinaloa, fueron acusados:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, quien solicitó licencia al cargo
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
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cehr
