Las fiscalías estatales se han caracterizado por operar en una zona de claroscuros, con un desempeño “deficiente y faccioso”, que a su vez genera impunidad y desconfianza ciudadana, a lo cual se suman las insuficiencias en el ámbito forense y el hecho de que su autonomía ha sido lenta y desigual, expuso Causa en Común.
De acuerdo con la organización civil, “en la mayoría de las fiscalías estatales los procesos para el nombramiento de los titulares siguen determinados por los poderes ejecutivos y por la complacencia de mayorías partidistas”.
Además, la transición formal hacia fiscalías autónomas ha sido “lenta, desigual y predominantemente nominal”.
Activa Guanajuato 7.9 mil mdp para obras en 46 municipios
- El Dato: MÉXICO supera las 130 mil personas desaparecidas y sigue sin contar con una política nacional efectiva de identificación humana, de acuerdo con Causa en Común.
Conforme a las legislaciones estatales vigentes, al menos seis entidades del país siguen sin contar con una institución de procuración de justicia definida legalmente como órgano constitucional autónomo, entre las que se encuentran Baja California Sur y Campeche.
EL FACTOR POLÍTICO. Los mecanismos de remoción y duración en el cargo de los titulares continúan dependiendo de “reglas fragmentadas” y, en el caso de la remoción, en la mayoría de las entidades sus legislaciones otorgan un peso decisivo al Ejecutivo, mientras que en cuanto a las duraciones en el cargo, los periodos pueden variar desde cuatro hasta 12 años.
Causa en Común señaló que, aunque la autonomía de las fiscalías no garantizaría un desarrollo institucional ni una mejor procuración de justicia, hay instituciones subordinadas políticamente, con falta de personal y graves carencias, en contextos de violencia e impunidad.
Además, sigue sin existir información pública consistente y verificable sobre el personal con el que cuentan las instituciones de procuración de justicia.
- 70 por ciento del personal de fiscalías no tiene seguro de vida
MENOS PERSONAL. Las cifras demuestran que, en el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), existe cierta estabilidad, mientras que en las fiscalías estatales se observa una reducción de personal a partir de 2022, alcanzando su punto más bajo en 2024.
En 2019 se reportaron 95 mil 150 personas que trabajaron en las fiscalías estatales, mientras que para 2024 la cifra bajó a 90 mil 777 personas, lo que representa 4.6 por ciento menos.
De acuerdo con Causa en Común, en prácticamente todas las entidades se incrementó el número de agentes del Ministerio Público; en particular, destacan los casos de Nuevo León y Sonora, que reportaron aumentos de 244 y 195 por ciento, respectivamente. Por el contrario, las fiscalías de Chiapas y Veracruz señalaron reducciones de 60 y 25 por ciento.
A nivel nacional, el personal pericial ha aumentado de manera consistente, sobre todo a partir de 2022, lo que implica un incremento de 158 por ciento respecto a 2019. En el caso de la FGR, entre 2019 y 2024 el número de peritos repuntó 86 por ciento, al alcanzar mil 768 elementos de esta área.
Sin embargo, a nivel estatal “afloran numerosas inconsistencias en la información”. Por ejemplo, Baja California Sur pasó de reportar cero peritos entre 2019 y 2022, a 127 en 2023.
También hay entidades que dan cuenta de cifras “sorprendentemente bajas a lo largo de todo el periodo”, en donde el total de los peritos no rebasa el nivel de únicamente 25 elementos.
La policía de investigación sería el área sustantiva de las fiscalías con el mayor crecimiento entre 2019 y 2024, con un incremento de 87 por ciento. En el caso de la FGR, el número de policías de investigación reportados aumentó 50 por ciento, por lo que alcanza los cuatro mil 014 agentes federales.
Destaca el caso de Sonora, que informó de nueve peritos y 26 policías de investigación en 2021, mientras que en 2022 refirió que contaba con 823 y 812, de manera respectiva.
REZAGO LABORAL. La organización no gubernamental señaló que el número de elementos de las fiscalías debe ajustarse a las necesidades de cada contexto local y los incrementos deberían orientarse a atender la elevada carga de trabajo de las fiscalías estatales.
Al cierre de 2024, las fiscalías estatales y la FGR acumulaban dos millones 139 mil 228 carpetas de investigación pendientes de concluir; además si se suman las carpetas iniciadas durante 2024, el número de carpetas ascendió a cuatro millones 780 mil 581, “el más alto del que se tenga registro”.
A partir de solicitudes de información, Causa en Común constató que sólo 18 fiscalías cuentan con reglamentos o leyes que regulan el servicio profesional de carrera, y que sólo cinco fiscalías realizaron algún tipo de convocatoria para la promoción de grado durante 2024; es decir, no existen condiciones para el desarrollo laboral del personal pericial.
Aunado al poco personal y mínimas condiciones para el desarrollo laboral, se suman las malas condiciones laborales, ya que al menos mil 046 elementos adscritos a fiscalías estatales de seis entidades no contarían con afiliación a alguna institución pública de salud.
Además, hay una opacidad sobre las condiciones laborales básicas, pues, mediante solicitudes de información, sólo 17 fiscalías reportaron acceso a servicios de salud para 12 mil 409 policías de investigación, ocho mil 344 agentes del Ministerio Público y cuatro mil 818 peritos, al cierre de 2024.
DUDOSA CERTIFICACIÓN. Finalmente, en materia de certificación, la inexistencia de políticas para la evaluación efectiva del personal impide contar con información coherente y sistematizada sobre el funcionamiento y los resultados de estos procesos.
Causa en Común constató que la mayoría de las fiscalías locales carecen de manuales o lineamientos que regulen los procesos de certificación del personal ministerial y pericial.
Choque en la Transístmica; 6 muertos
