Un amplio grupo de juristas, representantes de al menos 12 municipios de Veracruz, armaron un frente común sin precedentes, a través de la conformación del Bloque del Sur de Barras y Colegios de Abogados, y denunció que los nuevos jueces, emanados de la reforma judicial, operan con temor a las acciones de la gobernadora Rocío Nahle y se someten a sus decisiones, por lo que en la entidad la justicia se aplica con “línea” oficial, se fabrican culpables y se venden las carpetas de investigación.
Los abogados Raymundo Mendoza Rustrian, Tomás Mundo Arriasa y Marco Antonio Rodríguez Ventura —que representan a juristas de barras, colegios y colectivos de los municipios de Acayucan, Ciudad Isla, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Minatitlán, Nanchital, Oluta, Sayula de Alemán y San Andrés Tuxtla— señalaron que la reciente reforma al Poder Judicial “es un fracaso y no sirve más que para fabricar culpables y violentar el debido proceso”, y advirtieron que con ella también “los abogados podríamos convertirnos en objetivo criminal para el gobierno”.
- El Dato: LOS LITIGANTES refirieron que el bloque busca la unidad de la zona sur y pretende ser también referente de cohesión para los profesionales del Derecho en toda la entidad.
Mundo Arriasa criticó el papel de la actual fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien fue integrante del Poder Judicial y el año pasado fue nombrada en el organismo autónomo. Explicó que dicha dualidad, al haber estado en el Poder Judicial y ahora indirectamente en el Ejecutivo, genera un conflicto que no favorece la aplicación de la ley, al permitir que desde la fiscalía se controlen vinculaciones a proceso, órdenes de aprehensión y la negativa de cambios de medidas cautelares.
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AMENAZAS Y PRESIONES. El representante del bloque Raymundo Mendoza dijo que el objetivo de la alianza es que los jueces puedan resolver con imparcialidad, sin presiones externas y con base en los datos de prueba que aportan fiscalías, defensores y asesores jurídicos.
“No buscamos impunidad. Buscamos que se respeten las reglas procedimentales y que los jueces puedan trabajar sin amenazas ni presiones”, afirmó.
- El Tip: LA FISCAL de Veracruz, Lisbeth Jiménez, fue nombrada el 8 de diciembre de 2025 a propuesta de la gobernadora.
Explicó que el bloque surgió después de que se conociera el caso de la abogada María de la Luz Escudero, litigante de Poza Rica, quien fuera vinculada a proceso por los presuntos delitos de despojo y usurpación de funciones.
La especialista enfrentó una medida cautelar que pretendía inhabilitarla para ejercer la abogacía mientras enfrentaba su proceso penal; sin embargo, finalmente la medida fue desechada por un juez de control.
El hecho ocasionó una serie de protestas a las afueras del Poder Judicial del Estado en Poza Rica, para respaldar a la litigante durante la audiencia inicial.
Diversos abogados consideraron que este hecho se trató de un precedente grave que podría repetirse en otros municipios y para el gremio representa un riesgo directo al ejercicio profesional.
“Que hayan solicitado como medida cautelar la suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la carrera contra un compañero abogado, es la primera vez que escucho semejante atrocidad, pero bueno, esa fue la pretensión de la fiscalía”, dijo uno de sus abogados.
Además, la defensa de María de la Luz Escudero señaló que la investigación presenta deficiencias que pudieron influir en la decisión judicial. Entre las inconsistencias mencionaron que no fueron recabados testimonios de personas que podrían aportar información relevante y existen pruebas que están pendientes por integrar al caso.
También señalaron que el expediente contiene inconsistencias relacionadas con la cronología de los hechos denunciados, los cuales tenían que ser tomados en cuenta por las autoridades al fijar su resolución judicial.
Mencionaron que, derivado del análisis de la carpeta de investigación que se abrió por el caso, el delito señalado no se acredita, ya que lo único que hizo la abogada fue acompañar y asesorar a su cliente, pero derivado de esta situación se le formuló una denuncia con cargos penales “totalmente corrupta”.
CUNDE EL TEMOR. Diversos grupos de abogados adelantaron que promoverán recursos jurídicos, entre ellos la impugnación de la resolución y la presentación de un juicio de amparo, con el fin de que el expediente sea revisado por las instancias jurisdiccionales superiores.
Mendoza Rustrian reconoció que hay temor entre abogados por las posibles represalias; sin embargo, apuntó, la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos pesa más que cualquier riesgo individual.
“Siempre hay miedo en toda lucha que busca justicia, pero pesa más la aspiración del bien común”, expresó.
Destacó la importancia de esta unión de especialistas, al señalar que la organización gremial es fundamental para garantizar una justicia pronta y expedita.
En ese sentido, también adelantó que en otras regiones del estado se conformarán los bloques centro y norte de la nueva agrupación, para exigir condiciones de justicia más transparentes y respetuosas de la legalidad.
Los abogados insistieron en que seguirán denunciando prácticas que vulneren la independencia judicial y los derechos de los litigantes, y que mantendrán la exigencia de que las instituciones actúen conforme a la Constitución y a los derechos humanos.
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