La gobernadora Maru Campos alertó que una iniciativa del Gobierno Federal, presentada como protección a las audiencias, busca en realidad controlar qué información es “verdadera” o “falsa” en México. La propuesta, agregó, genera preocupación por la libertad de expresión y el derecho ciudadano a informarse libremente.
Campos subrayó la gravedad del esquema, pues la comisión encargada de aplicar estas medidas dependería directamente del Ejecutivo Federal, con integrantes propuestos por la Presidenta. “El Gobierno va a ser juez y parte”, afirmó la mandataria, señalando que esto le permitiría decidir qué es verdad, qué es mentira, imponer multas e incluso retirar concesiones a medios.
La gobernadora recordó que el país ha vivido ocho años de polarización, con señalamientos diarios a críticos. Cuestionó la intención: “¿Quieren engañarnos con el cuento de que protegen a las audiencias? Como son incapaces de convencer, ahora quieren censurar”.
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Campos planteó preguntas directas sobre la veracidad de declaraciones oficiales. Cuestionó afirmaciones sobre la impunidad de figuras como Rocha Moya o Marina del Pilar, la relación con Estados Unidos bajo revisión del T-MEC, y la estrategia de seguridad, contrastándolas con investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
La mandataria enfatizó el riesgo para el periodismo en México, una de las profesiones más peligrosas globalmente, con decenas de periodistas asesinados. “La respuesta del Estado no puede ser más control sobre lo que se dice. Tiene que ser más libertad, protección y justicia”, sentenció.
Esta reforma, según Campos, no protege a las audiencias, sino al Gobierno, amenazando la libertad de expresión de locutores, escritores, editorialistas, reporteros y medios. Desde Chihuahua, exhortó a la ciudadanía a alzar la voz contra este “proyecto autoritario”.
“No se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira”, concluyó. México luchó por décadas para dejar atrás un gobierno omnipresente y censurador. Hoy, la propuesta revive el temor a un régimen que decide qué información es cierta, poniendo en riesgo los pilares del Estado de Derecho y la prensa libre.
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