El Centro de Rehabilitación Jireh, ubicado en la colonia Mariano Matamoros, ha sido suspendido temporalmente por autoridades estatales tras documentarse graves incumplimientos sanitarios y la investigación de un homicidio ocurrido en sus instalaciones. Durante el operativo, una persona que fungía como escolta fue detenida por portar un arma de fuego sin permiso.
Esta acción interinstitucional, que priorizó la integridad de las personas internas, se llevó a cabo luego de que un joven de 28 años fuera encontrado sin vida en el lugar, con signos de asfixia mecánica y más de 40 lesiones.
La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) identificó deficiencias críticas en las condiciones de atención, fallas sanitarias y serias irregularidades en los mecanismos para acreditar el consentimiento de los pacientes. Estos hallazgos motivaron la suspensión inmediata del establecimiento.
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Un vocero de la Secretaría de Salud de Baja California, que participó en el operativo, afirmó: “Nuestra prioridad es garantizar que cualquier persona en proceso de rehabilitación reciba atención digna, segura y respetuosa de sus derechos. No toleraremos establecimientos que pongan en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos”.
El operativo contó con la participación coordinada de diversas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud y el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC).
El IPEBC ofreció el traslado voluntario a otros centros de atención a las personas internadas, asegurando que ninguna fue desalojada forzosamente. Esta medida busca proteger a los pacientes y asegurar la continuidad de su tratamiento en entornos adecuados.
La suspensión administrativa del Centro Jireh es independiente de las investigaciones penales en curso. La Fiscalía General del Estado continúa con el proceso por el homicidio del joven, por el cual ya se ejecutaron dos órdenes de aprehensión el pasado 29 de agosto contra presuntos responsables.
Asimismo, la persona detenida por portación de arma de fuego sin permiso fue puesta a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.
Las autoridades han reiterado su compromiso de mantener una supervisión constante sobre todos los centros de rehabilitación en el estado, incluyendo aquellos vinculados a la denominada “Patrulla Espiritual”. El objetivo es asegurar el cumplimiento de la normatividad y proteger a la población vulnerable que busca apoyo para su recuperación.
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JVR
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