Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar y Política Social del Ayuntamiento de Uruapan, fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, como parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.
La funcionaria permanecerá en prisión preventiva justificada por decisión de un juez de Control y Enjuiciamiento, quien determinó que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento penal en su contra. También concedió un plazo de dos meses para que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) concluya la investigación complementaria.
Su detención ocurrió el pasado 29 de octubre, cuando agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, con apoyo de elementos de seguridad pública estatal.
Detienen a tres por el tiroteo a la Feria Ganadera
La investigación también alcanza a tres familiares de Vargas Rauda. Su hijo Alejandro, alias “El Macas”, formó parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo, mientras que sus sobrinos Alexis Jesús, “El Brilloso”, y Cristian Martín, “El Vikingo”, aparecen en las indagatorias como presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Autoridades federales atribuyen a esta célula la planeación y ejecución del asesinato del alcalde de Uruapan, así como otros delitos como extorsión, cobro de piso y secuestro en la región.
La acusación contra Vargas Rauda no implica una presunta participación directa en el asesinato, sino por el posible encubrimiento de personas relacionadas con el crimen.
Antes de su detención, la Fiscalía la citó en tres ocasiones para declarar ante el Ministerio Público e incluso le impuso una multa por no comparecer. El vicefiscal Israel Vega Rodríguez confirmó estos incumplimientos el 28 de octubre.
El artículo 280 del Código Penal de Michoacán contempla penas de seis meses a tres años de prisión para quienes ayuden a una persona investigada a evadir la justicia, oculten pruebas o no proporcionen información que requiera la autoridad.
Sin embargo, la Fiscalía no ha precisado públicamente qué conducta específica atribuye a la funcionaria ni si su negativa a comparecer constituye parte de los hechos que sustentaron la vinculación a proceso.
Con su captura, el recuento de personas detenidas por su presunta relación con el crimen alcanzó 34, entre ellas el señalado como autor material, personas del equipo de seguridad del alcalde y presuntos responsables de organizar el atentado.
También te puede interesar:
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL
Caen 2 por crimen de defensor de Chenalhó
