El programa de acopio de frijol a precio de garantía no será un negocio para los coyotes, sino un instrumento para proteger el trabajo y los ingresos de las familias campesinas. Así lo dejó claro la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, ingeniera Columba López Gutiérrez, durante una intensa jornada de trabajo en Zacatecas, donde advirtió que las prácticas del pasado no deben repetirse, aunque ello incomode a quienes se han beneficiado de ellas.
Ante los presidentes municipales de Sombrerete, Ramiro Hinojosa, y de Miguel Auza, Arturo Calderón, la secretaria estableció que el nuevo modelo de acopio deberá funcionar con transparencia, orden y agilidad, cerrando espacios a los coyotes y garantizando que los apoyos lleguen directamente a quienes verdaderamente trabajan la tierra.

Uno de los planteamientos centrales fue que el precio de garantía debe cubrir los costos reales de producción y dejar una utilidad justa al campesino, sin desvirtuar el mercado. Se trata de que sembrar frijol sea una actividad rentable, que el productor recupere su inversión y obtenga ingresos por su esfuerzo, sin que los recursos públicos terminen favoreciendo a quienes no producen.

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Esta visión responde a la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de fortalecer la soberanía alimentaria, proteger la producción nacional y mejorar las condiciones de vida de las familias del campo, particularmente de quienes cada ciclo agrícola invierten sus ahorros, enfrentan los riesgos del clima y trabajan sus parcelas con la esperanza de vender su cosecha a un precio justo.

Durante la reunión, que se prolongó a lo largo del lunes, se detallaron cambios importantes en la operación de los centros de acopio: pagos directos y ágiles mediante tarjetas del Banco del Bienestar; costaleras selladas, foliadas y asignadas individualmente; recepción de todas las variedades de frijol; calendarización anticipada de entregas y asignación de centros de acopio por productor, con el propósito de eliminar largas filas, reducir tiempos de espera y prevenir irregularidades.
Otro de los objetivos prioritarios será ampliar el padrón de beneficiarios para que más pequeños productores puedan comercializar sus cosechas a precio de garantía, considerando superficies de hasta 30 hectáreas de temporal o cinco hectáreas de riego, conforme a los criterios oficiales aplicables. La meta es que el programa tenga mayor cobertura y que los recursos lleguen a quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a estos mecanismos de comercialización.

Para fortalecer la vigilancia se contempla la participación de contralorías sociales y verificadores comunitarios integrados por productoras y productores de las propias comunidades, quienes contribuirán a supervisar la recepción, el pesaje, la calidad del grano, la correcta utilización de las costaleras y el cumplimiento de los procedimientos, además de reportar posibles irregularidades.
El propósito es evitar que los centros de acopio se conviertan en espacios de privilegios, garantizar que cada tonelada recibida provenga de productores legítimos y asegurar que los recursos públicos cumplan su función social.

El mensaje de la jornada fue claro: el campo necesita precios justos, no coyotes privilegiados; centros de acopio eficientes, no filas interminables; y recursos públicos que lleguen a quienes siembran, cosechan y sostienen la producción alimentaria de México.
El precio de garantía debe beneficiar al que produce, no al que especula con su cosecha.
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