Reforma judicial

City Bar se opone a investigación de jueces mexicanos

City Bar también solicitó a las autoridades mexicanas que no impidan ni interfieran con la observación de los órganos internacionales de derechos humanos

Los jueces Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez, en imagen de archivo.
Los jueces Sergio Santamaría Chamú y María Gabriela Ruiz Márquez, en imagen de archivo. Foto|Especial

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York (City Bar) expresó su preocupación por las recientes investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra dos jueces federales que otorgaron suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial en México y llamó a detenerlas.

“Estas acciones representan una amenaza directa a la independencia judicial y agravan una preocupante tendencia en la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en México. Además, la criminalización de jueces contradice los estándares internacionales sobre independencia judicial, poniendo en riesgo el cumplimiento de México con sus obligaciones internacionales”, indicó el comunicado de la institución.

  • El Tip: City Bar también solicitó a las autoridades mexicanas que no impidan ni interfieran con la observación de los órganos internacionales de derechos humanos. 

El pasado 7 de febrero, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito con sede en Michoacán, y María Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, fueron notificados por la FGR del inicio de investigaciones en su contra.

El City Bar exigió el respecto pleno a las autoridades del Poder Judicial (PJ), garantías efectivas de protección para los jueces afectados, cumplimiento de las recomendaciones internacionales y garantizar una suspensión cercana por parte de mecanismos internacionales.

Además, pidió que los jueces puedan ejercer sus funciones sin presiones externas, conforme a los principios establecidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“La comunidad internacional sigue de cerca las acciones de las autoridades mexicanas, ya que serán determinantes para evaluar su compromiso con la legalidad.. Dado que el sistema judicial de México enfrenta cambios significativos, las autoridades deben garantizar que sus acciones respalden y refuercen la independencia judicial y el Estado de derecho, en lugar de amenazarlos”, finalizó.