En un escenario de creciente violencia político-criminal en el país y a menos de dos semanas del inicio de las campañas, especialistas en temas electorales aseguraron que no hay una estrategia de seguridad integral para proteger a los candidatos del Poder Judicial que participarán en la elección del próximo 1 de junio.
“No se ha asignado o no se ha anunciado, al menos hasta ahora, una estrategia realmente integral focalizada, con recursos, con inteligencia, para proteger o garantizar la seguridad de los aspirantes y candidatos que van a estar participando en este proceso electoral”, dijo a La Razón Carlos Rubio, subdirector de la consultora Integralia.
Consideró que es indispensable que los candidatos cuenten con algún tipo de protección en sus perfiles digitales, dado que la mayor parte de las campañas se realizará en esta modalidad, sobre todo para evitar que sean víctimas de algún tipo de hackeo, extorsión digital u otros delitos cometidos en el ciberespacio.
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“Es difícil que se pueda contemplar o que el Gobierno federal pueda implementar algún programa de ciberseguridad para proteger a todos los candidatos que van a estar concursando. De hecho, hasta ahora lo único que sabemos en materia de ciberseguridad por parte del nuevo Gobierno es la intención de crear esta nueva dirección general de ciberseguridad.
“Pero todavía no saben quién la va a encabezar ni cuáles van a ser exactamente sus planes, programas específicos para poder resolver la problemática de ciberseguridad que, sin duda, es uno de los grandes desafíos que enfrenta hoy México”, indicó.
“Lo que vemos es un panorama complejo para este proceso electoral, dado que será mucho más grande e inédito que el proceso electoral anterior y que el Gobierno federal pues no tiene los recursos ni el personal suficiente para poder brindar protección a todos los candidatos que van a concursar en este proceso”, apuntó.
Consideró que los candidatos a cargos judiciales podrían correr un mayor riesgo que quienes se postulan a cargos municipales, debido a su participación directa en casos penales.
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“Lo que hemos visto es que lo más probable es que los candidatos que pudieran estar más expuestos a ese riesgo serían quienes están contendiendo para los tribunales o los juzgados penales, los que tienen ya una vinculación directa con resolver casos de presuntos delincuentes o integrantes de esos grupos criminales y que, por tanto, pueden ser objeto de algún tipo de injerencia para tratar de definir el curso de esas decisiones”, enfatizó Rubio.
De acuerdo con el documento Votar entre Balas de Data Cívica, en enero se registraron 40 eventos asociados con la violencia político-criminal en el país, un aumento del 2.5 por ciento en comparación con el arranque del 2024.
Desde la perspectiva de David Saucedo, experto en seguridad, la presencia del crimen organizado en medio de la elección judicial será después de los comicios.
“Percibo que, en su caso, las amenazas del crimen organizado vendrán una vez que los jueces y magistrados sean designados, no antes”, explicó a La Razón.
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La elección judicial, expuso, es diferente a las de los alcaldes o gobernadores, donde “los grupos del narcotráfico lo que buscan es tener por anticipado el control de algún municipio, sobre todo de los brazos de seguridad pública, fiscalización, obra pública”.
En los comicios judiciales, “los cargos que están en disputa en el Poder Judicial, el crimen organizado desde hace tiempo ya tiene presencia mediante sobornos y amenazas”, refirió. Sin embargo, consideró que “no hay candidatos del narco”, pero no descartó que “eventualmente haya algunos candidatos que, de manera anticipada, ya hayan tenido algún tipo de vínculo con acción criminal, eso no lo descarto”.
No descartan dar seguridad a aspirantes
| Por Yulia Bonilla
El Gobierno federal no descartó dar seguridad a los candidatos en la elección judicial, aunque hasta el momento no ha encontrado focos rojos que amenacen esta contienda.
En la conferencia mañanera de este martes, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, indicó que ya han tenido reuniones con el Instituto Nacional Electoral (INE), como las que se han entablado en otros procesos, para analizar la protección en los casos que ésta sea necesaria.
“Sí, efectivamente, hemos estado sentados ya con la directiva del Instituto Nacional Electoral para hacer —como en otros procesos— el cuidado en aquellos casos que se solicite. Todavía no se tiene específicamente cómo va a ser, pero el INE sabe —como en otras ocasiones— que puede contar siempre con el apoyo del Gabinete de Seguridad”, declaró la funcionaria.
Especificó que en este punto, quien conduce la estrategia es el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, mientras que a la dependencia a su cargo le toca fungir como el canal de comunicación entre dicha entidad y otros organismos.
Aunque señaló que aún falta tiempo, ya se analizan las necesidades para brindar el apoyo que se requiera, pues además, así lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Entonces, estamos en eso. Es el secretario Omar García Harfuch quien lleva la mano; a nosotros nos toca, digamos, la parte del enlace con este y otros organismos autónomos, pero estamos pendientes. Faltan todavía días, y veremos qué es lo necesario, todo lo necesario, así hemos recibido la instrucción de la Presidenta de apoyar en lo que a nosotros concierne”, dijo.
Consultada sobre si a la fecha han identificado zonas de riesgo, lo descartó y únicamente mencionó que hay zonas en donde las comunidades no permiten la colocación de casillas, debido a que su sistema es por usos y costumbres.
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“No (hay focos rojos), de ninguna manera, pero seguimos revisando. Vemos en algunos sitios que a veces la propia población no permite la colocación porque son por usos y costumbres, pero eso lo tendrá que definir el INE, nosotros estamos en el apoyo”, concluyó.
La secretaria de Gobernación informó que para la elección del próximo 1 de junio, en la que estarán en juego 881 cargos del Poder Judicial, 19 estados elegirán a jueces locales, se instalarán 84 mil 202 casillas y la lista nominal está integrada por 100 millones 408 mil 569 ciudadanas y ciudadanos.
