Alrededor de las 8:00 horas de ayer, personal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tomó posesión del edificio del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).
Este hecho se da luego de que este viernes entrara en vigor la nueva Ley General de Transparencia, con lo que se extingue formalmente al instituto y sus funciones serán asumidas por dicha secretaría.
Al menos seis trabajadores de la dependencia federal llegaron acompañados de algunos policías para entrar al edificio de Insurgentes Sur 3211, y solicitaron entrar a las instalaciones, que desde el miércoles están custodiadas por empleados del Inai. La guardia de inconformes que se quedó la noche del jueves les dio acceso; eran funcionarios de las áreas de Protección Civil, Sistemas y Administración.
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Tras la llegada de estos, un policía de Protección Federal permitió la entrada sólo a exfuncionarios del instituto que presentaran su credencial.
“Pase de lista comisionadas: Blanca Lilia Ibarra Cadena, Norma Julieta del Río Venegas, Josefina Román Vergara. Traidoras”, se podía leer en una de las pancartas.
Más tarde, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, se reunió con los trabajadores del Inai y les aseguró que todos serán indemnizados de la misma forma.
Por lo anterior, todos los trabajadores del servicio profesional de carrera y los de libre designación recibirán el equivalente a tres meses, más 20 días por cada año laboral, tal como lo planteaba el excomisionado presidente, Adrián Alcalá, el martes. Sin embargo, las comisionadas la habían frenado porque “la propuesta de Alcalá va contra la ley”.
Sobre el futuro del edificio, Buenrostro explicó que será reasignado para funciones gubernamentales. Además, confirmó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya identificó los fondos necesarios para cubrir las indemnizaciones, calculadas a partir de los 500 millones de pesos disponibles en el presupuesto del Inai.
También expresó que la nueva ley con la que se decretó la desaparición del organismo, contiene las mismas funciones y obligaciones que tenía el instituto, pero ahora serán hechas por la Secretaría Anticorrupción, además de que con la reforma se generará más información y se dará paso a la “transparencia proactiva”.
“Si comparan qué cambia de acceso a la información para un ciudadano común y corriente conforme a la ley: nada. No cambia absolutamente nada”, dijo.
También indicó que, si bien el Inai desapareció, las funciones de éste continúan. “La función sigue, y el Inai, al ser la única institución que tenía todos los especialistas, seguramente nosotros nos haremos llegar de muchos de ellos para que nos acompañen en la nueva función en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para poderlos incorporar también a nuestras plantillas”, expresó Buenrostro.
Tras el anuncio de la Secretaría Anticorrupción, los trabajadores del Inai levantaron el plantón que mantenían en el edificio del instituto.
“La secretaria inició la reunión señalando que una de las preocupaciones de la presidenta eran los derechos de los trabajadores y que ella percibía que no se nos había dado el trato humano que nos merecemos… y después de eso viene lo más importante: si se va a otorgar una indemnización, así lo llamo, a todo el personal de libre designación en los mismos términos”, indicó la vocera de los trabajadores.
Por su parte, el presidente del extinto Inai salió por la puerta grande del instituto en medio de porras y el apoyo de los trabajadores.
Nueva ley “debilita la rendición de cuentas”
El Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro votó contra la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por considerar “que debilita la rendición de cuentas y abre la puerta a la opacidad”.
A nombre de la bancada, los diputados Arturo Yáñez, Israel Betanzos y Alejandro Domínguez señalaron que la reforma secundaria a dicha ley pone en riesgo la verdad, acaba con la democracia y la justicia.
A su vez, el legislador por Durango, Arturo Yáñez, explicó que este órgano dependerá de una secretaría que estará al servicio del Estado, lleno de corrupción, de adjudicaciones directas, con nóminas para los Siervos de la Nación y sin personal capacitado.
“Morena desaparece el Inai y crea un organismo que dependerá de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto es una burla para los mexicanos, el mismo Gobierno que genera la información decidirá si procede o no conocer de ella”, indicó.
En su oportunidad, el legislador por la Ciudad de México, Israel Betanzos, acusó que con esta ley está ante un retroceso histórico. Sostuvo que el ejercicio del derecho a la transparencia y al acceso a la información queda reprimido por un ente estatal que dependerá al 100 por ciento del Ejecutivo federal, que más que hacer progresivo este derecho, lo deja absuelto.
Por su parte, el diputado por Chihuahua Alejandro Domínguez aseguró que al oficialismo no se le da la transparencia, pues en el sexenio pasado se reservaron alrededor de 90 mil expedientes para que las y los mexicanos no supieran los costos reales de obras como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, los contratos que se le dieron a la Secretaría de la Defensa Nacional o la información de la muerte de 137 personas en Hidalgo por la explosión que se dio en un ducto de Pemex.
