La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) señaló que México no ha respondido a las solicitudes de información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni ha aclarado las dudas sobre los efectos de la reforma judicial y la elección de jueces por voto popular.
“En el marco del diálogo sostenido entre la Relatoría Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados y la Directora Nacional de JUFED, jueza Juana Fuentes Velázquez, se reveló que el Estado Mexicano no ha respondido a las solicitudes de información ni ha aclarado las dudas planteadas por dicho organismo internacional sobre los efectos de la reforma judicial y la elección de jueces por voto popular”, indicó a través de un comunicado.
Indicó que en el diálogo internacional se expresaron preocupaciones porque estas omisiones no permiten determinar el impacto en la democracia, los derechos humanos de los mexicanos y el Estado de derecho en México.
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Asimismo, anunció que la Fuentes Velázquez continúa con una intensa serie de encuentros con funcionarios de la ONU, representantes del Europarlamento y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Dentro de los acuerdos alcanzados destaca el establecer un canal directo de información respecto de la implementación de la mal llamada reforma judicial, así como de las violaciones a las Convenciones y Tratados Internacionales”, precisó el documento.
Fuentes Velázquez advirtió sobre la demolición democrática en marcha y el intento de anular la independencia judicial, a través de una reforma sin diagnóstico, sin consenso y con fines de control político. “México, dijo, está en riesgo de pasar de una democracia a un régimen autocrático, con efectos devastadores para los derechos humanos y el futuro del país”.
Señaló que los diputados europeos manifestaron profunda preocupación por el impacto que esta reforma tendrá no solo en los derechos humanos, sino en la seguridad jurídica de los tratados comerciales con la Unión Europea.
Fuentes Velázquez añadió que la reforma permite el ingreso de candidatos sin preparación ni experiencia, bajo criterios estrictamente políticos, lo que compromete gravemente la imparcialidad de la justicia, así como que ni siquiera se exige a los aspirantes la presentación de una carta de antecedentes no penales, lo que abre la puerta a perfiles con posibles vínculos delictivos.
Expuso que los medios de comunicación han documentado cada vez más irregularidades en torno al proceso de selección, lo que confirma la falta de transparencia y la politización del Poder Judicial.
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LMCT
