La “regulación” de los narcocorridos comenzó a tomar impulso en el país, con por lo menos ocho entidades donde, a nivel estatal o municipal, se han tomado medidas legislativas o administrativas o se perfilan para restringir la difusión de este género musical, al aplicar castigos penales o sanciones a través de decretos o bandos de policía y buen gobierno.
Apenas este miércoles, el Congreso de Aguascalientes prohibió la interpretación de narcocorridos tras aprobar la creación de un nuevo tipo penal denominado “provocación a cometer un delito o apología del delito”.
También antier, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, firmó un decreto para prohibir este género musical en espectáculos públicos, como parte de una estrategia para reducir la violencia en su estado. La medida aplica solamente para eventos públicos, ya que la población podrá continuar escuchando esta música en lo privado, como sus hogares o vehículos.

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- El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró el domingo pasado que su Gobierno no ha prohibido los “corridos tumbados”, sino que se busca música con otros contenidos.
En febrero pasado, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, emitió un decreto oficial que prohíbe narcocorridos y corridos tumbados en estadios, ferias, plazas y otros espacios públicos, con el fin de frenar la normalización de crimen entre los jóvenes.
Con medidas similares también está Querétaro, cuyo gobierno acordó el pasado 10 de abril, con los 18 municipios de la entidad, prohibir eventos públicos y privados que promuevan la apología del delito. Al día siguiente, la administración del gobernador Pablo Lemus, en Jalisco, presentó una iniciativa para prohibir canciones que hagan apología de la violencia, con la intención de reformar reglamentos municipales y aplicar sanciones administrativas y penales.
En otros estados ya habían establecido medidas al respecto desde antes. En Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez niega, desde el año 2023, los permisos para conciertos que promuevan a la delincuencia organizada, con el bando de policía como sustento legal para rechazar aquellos shows que hagan apología del delito.
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En julio de ese mismo año, el ayuntamiento de Chihuahua prohibió los corridos tumbados, así como aquellos contenidos musicales que promuevan la misoginia y la violencia.
Meses después, en noviembre del 2023, la presidenta municipal de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero, anunció la prohibición parcial de los narcocorridos, limitándose únicamente a espectáculos públicos, aunque su reproducción en entornos privados no se restringió.
A las acciones de los estados se suma el Congreso de la Unión, donde a partir del caso del grupo norteño Los Alegres del Barranco, al proyectar durante dos conciertos la imagen de un líder del crimen organizado, se revivió el debate sobre la creación de una ley contra la música que hace apología del delito.
Actualmente existe una iniciativa en la Cámara de Diputados, que podría discutirse en las próximas semanas, para prohibir los narcocorridos y todo aquello que haga apología del delito, aunque especialistas ven sesgos en la prohibición.
Ricardo Monreal afirmó que la iniciativa que prohíbe los narcocorridos “sí va a concluir el proceso legislativo en San Lázaro. Está en la comisión, creo que en la de Justicia, y seguramente estarán dictaminando en los próximos días”.
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El diputado de Morena Arturo Ávila presentó dicha iniciativa de ley, con el objetivo de fortalecer las acciones contra la apología del delito en diversas expresiones mediáticas. El proyecto busca realizar una adición al artículo 208 del Código Penal, que actualmente sanciona a quienes inciten públicamente a cometer delitos o hagan apología de conductas delictivas.
René Gerez López, investigador de Causa en Común, comentó que la propuesta de Morena “conlleva peligros para el ejercicio de los derechos”.
“Esta sería la primera vez en que se limita la libertad de expresión con respecto al contenido de eventos culturales, musicales y artísticos. Sería un antecedente muy peligroso respecto a los límites de la libertad de expresión”, consideró.
Sostuvo que es ambigua la redacción de la iniciativa de Morena y, por ello, será difícil probar y sentenciar que se esté haciendo uso de esos medios artísticos para la apología de un delito.
El especialista advirtió que, incluso, la iniciativa planteada en el Congreso podría dar pie a hacer mal uso de una tipificación del delito “de apología y que se persiga a ciertas personas, a ciertos artistas o a ciertas expresiones incómodas hasta cierto punto a los intereses del gobierno”.
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Para Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en muchos casos los grupos musicales son patrocinados u obligados por los mismos criminales para validar mensajes hacia la sociedad.
“Efectivamente ese tipo de música sí hace apología del delito, de una manera muy clara, muy directa; sabemos que muchos músicos que se dedican a este tipo de composiciones es gente involucrada de alguna manera con grupos delictivos”, aseguró.
Mencionó que la prohibición en otros países “nunca ha jalado” de manera positiva, aunque consideró que se debe encontrar una manera de legislar en los espacios públicos.
Comentó que se debe realizar un trabajo de sensibilización y culturización con la sociedad que no entiende por qué la apología del delito es algo malo, ya que lo que se ve es una “buchonización” y una afectación de códigos sociales que debe preocupar a las familias, ya que no es sólo un tema de música, sino de comportamientos.
