Un grupo de 14 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que piden la reparación integral por la violación de sus derechos humanos ante la puesta en marcha de la reforma judicial, por vulnerar los principios de independencia, igualdad y no discriminación.
La petición, realizada a través del Vance Center for International Justice, programa del Colegio de Abogados de Nueva York, afirma que no buscan derogar la reforma judicial ni sus efectos, sino la reparación del daño, luego de que altos funcionarios del Poder Ejecutivo acusaran públicamente a las y los juzgadores de corrupción y nepotismo sin pruebas ni debido proceso, “afectando su honra y socavando la confianza pública en el Poder Judicial”.
“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura”, afirma la petición.
La petición pretende contribuir al fortalecimiento de los estándares de independencia judicial dentro del Sistema Interamericano para casos futuros.
“Aunque es demasiado tarde para deshacer muchos de los cambios perjudiciales que ha traído consigo este proceso de reforma politizado, no es demasiado tarde para reparar esos daños”, afirmó María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y quien es una de las demandantes.
“Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas importadores de justicia, y ofrezca orientación para ayudar a los sistemas de justicia de otros países a evitar el mismo destino”, agregó la juzgadora.
“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center.
Tras recibir la petición, la Comisión iniciará un proceso de verificación y evaluará sus alegaciones. Si procede, la Comisión podrá entonces hacer recomendaciones al Estado Mexicano para abordar cualquier violación de los derechos humanos que se haya producido, emprender investigaciones o dictar reparaciones según sea necesario, y adoptar medidas que incluyan garantías de no repetición.
En agosto de 2024, semanas antes de la aprobación de la reforma judicial, el Colegio de Abogados de Nueva York publicó un informe en el que expresaba su preocupación por la propuesta.
Señalaba que la reforma podría “tener el efecto adverso de dañar de forma significativa la independencia judicial” y advertía contra los cambios que podrían comprometer la independencia del Poder Judicial y socavar su eficacia.
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LMCT
