Al menos 60 jueces en el país han emitido casi dos centenares de resoluciones para favorecer a criminales en el último año, expuso el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
“A pesar del grado de peligrosidad con el que han sido catalogados estos generadores de violencia, diversos juzgadores emitieron órdenes para que obtuvieran su libertad mediante sentencias absolutorias, auto de libertad y no vinculación a proceso”, expuso.
Durante la conferencia matutina de ayer, detalló que de 2024 a lo que va de 2025, los jueces beneficiaron a delincuentes con 164 egresos por cambio de medida cautelar y 12 egresos definitivos, así como 27 traslados de reos a otras prisiones, por medio de 193 soluciones judiciales, sin que se cumpliera con la formalidad del proceso correspondiente.
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- El Tip: en el caso de Miguel Ángel Treviño, exlíder de Los Zetas, su extradición a Estados Unidos fue bloqueada en más de 79 ocasiones por siete jueces distintos.
“Esto, pese a que Prevención y Readaptación Social de la SSPC consideró no viables los traslados, ya que dichas personas se encuentran en reclusión por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como delitos diversos de alto impacto”, dijo.
García Harfuch calificó como “inaceptable” esta conducta por parte de los impartidores de justicia, debido a que elementos de seguridad han puesto en riesgo sus vidas para capturar a estos criminales, que posteriormente fueron beneficiados por jueces.
La lista de juzgadores que fallaron en favor de personas acusadas de cometer delitos de alto impacto estuvo encabezada por Enrique Hernández Miranda, de Sonora, quien ha emitido 58 resoluciones de esa naturaleza, seguido de Aníbal Castro Borbón, también juez en ese estado, quien ha emitido 15 sentencias o acuerdos similares.
También destacó el caso de Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, por facilitar la liberación de delincuentes vinculados al crimen organizado como Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes del Cártel del Pacífico; Mario Alberto “N” y José Alfredo “N”, El Contador, sobrinos de Osiel Cárdenas Guillén, y el de Enrique “N”, alias La Pingua, operador del Cártel del Golfo, facción de Los Escorpiones.
En tanto, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que se ha enfrentado una obstaculización dentro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ha impedido el avance de denuncias contra los jueces señalados, las cuales, advirtió, serán reanudadas en cuanto el Poder Judicial (PJ) quede renovado, en septiembre próximo.
El funcionario aseguró que dentro del CJF se estableció un acuerdo para “protegerse” entre jueces, por medio de una cláusula para que no puedan ser procesados aquellos que sean acusados de favorecer indebidamente a integrantes de la delincuencia organizada.
“No nos dejan en el PJ proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan… pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el PJ, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito”, enfatizó.
Gertz Manero añadió que ese criterio interno para evitar que algunos jueces sean investigados “tiene muchos años, no es de ahorita”, y adelantó que en los próximos día se dará a conocer un informe sobre las indagatorias respecto a algunos impartidores de justicia.
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FGR
