En el segundo conversatorio sobre el dictamen de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, voces del sector público, académico, empresarial y comunitario coincidieron en la urgencia de una legislación que promueva la equidad y el acceso universal a la conectividad.
No obstante, también se encendieron alertas sobre el papel dominante del Estado en la gestión del espectro y la posible exclusión de actores clave como las pequeñas empresas y los pueblos indígenas.
Industria pude eliminar impuestos especiales
Uno de los llamados más insistentes vino desde la industria. Elizabeth Peña Jauregui, de Ericsson, sugirió a que se incorpore en la ley el concepto de “conectividad significativa”, que implica el acceso a internet asequible, confiable y de alta calidad.
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Además, propuso eliminar impuestos especiales como el IEPS, que actualmente limitan la inversión y el acceso. Pidió, además, revisar el costo del espectro e impulsar una política fiscal que favorezca el desarrollo del sector.
“Sabemos que entre más haya gente conectada, las empresas, los países, tienen un beneficio económico muy importante”, dijo, tras señalar que la conectividad, sin fomentar habilidades digitales de las personas, no sirve de nada.
“En el sentido más amplio, el uso más eficiente del espectro es aquel que cierra la brecha digital. Aplaudimos la eliminación de normas obsoletas, pero solicitamos optar por una ley que elimine los impuestos especiales, que incentive la inversión, que promueva la desregulación, la neutralidad tecnológica, la competencia efectiva, la conectividad significativa confiable, segura y de calidad”, concluyó Peña Jauregui.
Estado debe ofrecer incentivos a operadores
Por su parte, Jorge Luis Pérez Hernández, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), afirmó que la reforma “no busca excluir al sector privado, sino complementarlo” y defendió que el acceso al espectro sea una prioridad para garantizar cobertura en regiones remotas.
Reconoció que los grandes operadores no tienen incentivos para invertir en zonas no rentables, por lo que el Estado debe ofrecer estímulos como descuentos en el pago del espectro y una política satelital clara para conservar posiciones orbitales mexicanas.
Alertan por pérdida de posiciones orbitales
Carlos Alejanro Merchán Escalante, representante de la Academia de Ingeniería, advirtió el riesgo de perder posiciones orbitales, que son clave para la cobertura satelital en regiones marginadas, si no se toman medidas urgentes.
“Si no se hacen las cosas que se deben hacer oportunamente es muy probable que en el mediano plazo perdamos la primera posición hasta y posteriormente las otras tres posiciones que tanto trabajo nos costó conseguirlas oportunamente”, alertó.
Pequeños operadores plantean acceso equitativo al espectro radioeléctrico
En el terreno comunitario, el reclamo fue claro: una legislación que reconozca y proteja a los pequeños operadores.
Jimena Ferráez Ramos, presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, pidió un marco normativo que evite la discrecionalidad en las asignaciones, simplifique trámites y facilite el acceso a tecnología y financiamiento.
Ferráez propuso cinco puntos para añadir a la legislación:
- Definir a los pequeños operadores en el artículo 3 de la ley
- Crear un comité para la creación de políticas públicas
- Garantizar la inclusión de pequeños operadores en proyectos de conectividad social
- Acceso equitativo al espectro radioeléctrico
- Estratificación de concesiones comerciales
Piden asegurar participación de comunidades indígenas
Melquiades Rojas, del Comité de Radios Comunitarias Indígenas y Afromexicanas, denunció que no ha existido consulta previa a pueblos indígenas, como exige la Constitución; por ello, propuso mecanismos obligatorios para asegurar su participación en la toma de decisiones.
La inasistencia del titular de la ATDT, José Merino, fue criticada por legisladores de oposición, quienes exigen transparencia sobre las 66 nuevas facultades que se otorgarían a esta agencia en la regulación del sector.
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cehr
