Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir el lavado de dinero. La oposición denunció que la reforma otorga “acceso absoluto” a datos personales y financieros de los ciudadanos sin control judicial, y advirtió que puede usarse con fines políticos.
El dictamen aprobado con 26 votos a favor y 6 abstenciones, tras dos horas de debate y un cuórum que mayoritariamente legisló vía remota; dota de mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, para investigar y aportar pruebas ante posibles transacciones que impliquen recursos de procedencia ilícita.
Esta reforma también amplía y refuerza el espectro de vigilancia financiera al incorporar, a la propia UIF como “víctima”, cuando se comentan delitos que afecten al sistema financiero, lo que le permitirá coadyuvar en las investigaciones.
Las modificaciones que contempla este dictamen son a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y modifica los artículos 11 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.
En la presentación del dictamen, Javier Corral, senador presidente de la comisión de Justicia insistió en que con este dictamen se busca prevenir el uso de recursos ilícitos y que contaminen el sistema financiero; cumplir compromisos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además de corregir fallas detectadas en 2018 de dicho organismo, proteger el interés público, garantizar medidas proporcionales al riesgo y preparar al país para la próxima evaluación internacional en 2025, asegurando transparencia y legalidad.
Se impone la obligación de monitorear intensivamente a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) en actividades financieras consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones sospechosas en las llamadas "actividades vulnerables“, que incluyen casinos, joyerías, bienes raíces, venta de autos, obras de arte, préstamos y donativos, entre otras.
Sin embargo, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) externaron fuertes críticas a la propuesta.
La vicecoordinadora de MC, Alejandra Barrales expresó preocupación por el acceso sin restricciones a datos personales y financieros de los mexicanos; consideró que “se trata de darle acceso absoluto a la Secretaría (de Hacienda) sin limitación alguna, sin intervención judicial previa, ni mucho menos”.
Insistió en que esta propuesta es “delicada” en un país “donde la seguridad de muchas familias mexicanas está en riesgo, nos parece muy delicado que un ente de gobierno con una simple solicitud pueda tener acceso a datos personales de las familias mexicanas y los mexicanos”.
Reiteró que Movimiento Ciudadano acompaña las acciones encaminadas a combatir el terrorismo, el lavado de dinero, y en contra de la delincuencia organizada.
Reconoció que la oposición no tiene la mayoría legislativa que se requiere para poder llevar atrás esta iniciativa; sin embargo, tiene la obligación de advertirle a la ciudadanía que con este dictamen una vez más la mayoría legislativa lo que busca es controlar y usar la información de las y los mexicanos con fines políticos.
Guadalupe Murguía, senadora del PAN, alertó sobre el riesgo de ambigüedad en la definición de PEP y cuestionó que sea la Secretaría de Hacienda la encargada de interpretar e implementar las disposiciones, lo que consideró “jurídicamente inconveniente”.
Añadió que empresarios han manifestado preocupación por la carga administrativa impuesta a quienes realicen actividades comerciales que excedan ciertos umbrales de operación.
“Sin embargo, queremos alentar, advertir de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia”, dijo en la discusión.
Señaló que, en días pasados, en una reunión con representantes de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, le manifestaron su preocupación por el contenido de su reforma, “toda vez que se les obliga a identificar, almacenar la información de sus clientes, tener un sistema de monitoreo y de video e ir almacenando al tiempo esta información de acuerdo con el monto de las operaciones”, sostuvo.
Manuel Añorve, coordinador del PRI, denunció que la reforma da herramientas al gobierno para “congelar cuentas por simple sospecha” y advirtió un uso faccioso para perseguir a opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
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