Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, avalaron el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que el derecho de información y expresión no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial ni censura previa.
El documento también señala que la intervención de cualquier comunicación privada se hará exclusivamente por la autoridad judicial federal, y crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que se encargará de regular el sector y de administrar el espectro radioeléctrico, además ordena que, para contratar el servicio de internet será necesaria la presentación de la CURP.
Con 29 votos de Morena a favor, cuatro en contra del PRI, tres abstenciones de MC y PAN, fue aprobado el dictamen, del cual se eliminaron los artículos 109, que en el proyecto anterior facultaba el bloqueo de plataformas digitales, y 160, que daba atribuciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de tener acceso a la ubicación en tiempo real de los ciudadanos.
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El documento avalado establece que el derecho de información, expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio, no será objeto de persecución o investigación judicial ni censura previa, que la intervención de cualquier comunicación privada se hará exclusivamente por la autoridad judicial federal, además de crear la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que se encargará del espectro radioeléctrico, y cuyos integrantes serán designados por el Ejecutivo y ratificadas por el Senado; mientras que la ATDT conducirá la política estatal para garantizar cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro.
Asimismo, ordena que para contratar el servicio de internet será necesaria la presentación de la Clave Única de Registro de Población (CURP), y limita la propaganda política extranjera.
El morenista José Antonio Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, destacó que el dictamen es producto de los cinco conversatorios públicos, abiertos, plurales y democráticos realizados durante el mes de mayo donde participaron expertos, concesionarios y representantes de las audiencias.
“Es un documento incluyente, robusto y transparente. En el dictamen se asegura que ningún mexicano quede excluido al internet, se fortalece el pluralismo, libertad de expresión y el derecho a la información”, aseguró.
La oposición reconoció avances frente al documento presentado inicialmente en abril pasado.
“Reconocemos avances (...) las comunicaciones privadas son inviolables, y “exclusivamente de la autoridad judicial federal. En este esfuerzo el Senado está realmente haciendo política: escuchar, tolerar, incluir, no tener acuerdo en muchos temas, me parece que es parte del oficio que debiéramos ir recuperando cada vez más”, destacó Alejandra Barrales de Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, también persistieron señalamientos de que el dictamen refleja “una vena autoritaria que se resiste a hacer cambios”.
Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, advirtió que la creación del registro de usuarios de telefonía móvil persiste en el nuevo dictamen:
“La vena autoritaria lo que hizo fue esconder el padrón de telefonía móvil con una redacción distinta en el transitorio trigésimo de este mamotreto (...) El artículo 160 permitía tener acceso a la geolocalización sin orden judicial de cualquier dispositivo móvil. Ahora es el 183, y quien lo pide ahora es la Comisión, sin orden judicial”, advirtió.
El panista también señaló que el dictamen mantiene la facultad de suspender transmisiones cuando haya “algo muy crítico que le moleste al gobierno”, estipulado en el artículo 10 fracción 53.
Al respecto, el morenista Javier Corral atajó “confusiones, desconocimientos y magnificaciones”, al señalar que es falso que el nuevo dictamen proponga crear un registro de telefonía. Respecto a suspender transmisiones, señaló que el dictamen establece que se hace a través de una acción precautoria y previo apercibimiento.
La priísta Claudia Anaya advirtió que es inconstitucional que el Senado deba ratificar a los integrantes de la Comisión Reguladora.
“Nosotros para poder nombrar, ratificar, tomar protesta o destituir, nosotros no tenemos en el artículo 76 constitucional la facultad”.
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