La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por las recientes reformas en materia de seguridad pública aprobadas por la Cámara de Diputados, en particular por la nueva Ley de la Guardia Nacional y los cambios al Sistema Nacional de Seguridad Pública e Inteligencia.
De acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la ONU-DH advirtió que las propuestas legislativas actualmente discutidas en el Congreso “consolidan la indebida naturaleza militar” de la Guardia Nacional y otorgan facultades amplias de investigación e inteligencia a sus elementos, sin los controles ni mecanismos de rendición de cuentas adecuados.
El organismo también manifestó inquietud ante las nuevas atribuciones que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, lo cual, sin salvaguardas claras, “pondría en riesgo el derecho a la privacidad”, protegido por el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como otros derechos humanos.
La ONU-DH reiteró que la seguridad pública debe seguir siendo una responsabilidad civil, sujeta a controles democráticos y al respeto pleno de los derechos humanos, así como a una amplia deliberación pública.
La preocupación del organismo se da en el contexto de la aprobación, el pasado 24 de junio, de la nueva Ley de la Guardia Nacional, la cual formaliza su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la consolida como una fuerza permanente con estructura y mando militar.
La ley faculta a la Guardia para realizar operaciones de inteligencia, incluyendo acciones encubiertas, y establece que su comandancia estará a cargo de un general propuesto por la Defensa.
Asimismo, el 26 de junio, la Cámara de Diputados avaló una profunda reforma al marco jurídico de seguridad pública, que incluye la expedición de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
Aunque el oficialismo ha defendido las reformas como parte de un proceso de modernización y profesionalización de las fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y partidos de oposición han advertido sobre los riesgos de militarización, opacidad y vulneración de derechos, especialmente por el uso de datos personales y la falta de controles democráticos en los procesos de inteligencia.
En medio del debate legislativo, la ONU-DH subrayó la necesidad de que cualquier política de seguridad pública “se realice con pleno respeto y observancia de los derechos humanos”, conforme a los estándares internacionales suscritos por México.
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