Los diputados aprobaron en lo general por 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones la expedición de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer la regulación y explotación del espectro radioeléctrico.
La propuesta hecha por el Ejecutivo, obliga a los concesionarios a activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios que presenten “la identificación oficial (que) deberá contener la CURP para personas físicas, y RFC para personas morales”.
Del mismo modo esta legislación también crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que deberá organizar y mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura.
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En sesión semipresencial, se informó que dicho Sistema Nacional de Información de Infraestructura será una base de datos nacional geo-referenciada que contendrá la información de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y de sitios públicos.
La diputada Claudia Leticia Garfias Alcántara (Morena) mencionó que la propuesta incluye la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado, con independencia técnica, operativa y de gestión, cuya función será regular las concesiones y autorizaciones del espectro radioeléctrico, así como plantear los mecanismos correctos para defender los derechos de las y los usuarios y audiencias.
Mencionó que, para la consolidación de la ley, se dio la apertura para realizar conversatorios y mesas de trabajo, a fin de enriquecer el proyecto final, en el que todas las ideas planteadas fueron tomadas en cuenta. “Las telecomunicaciones y radiodifusiones en tiempos actuales y como servicios públicos de interés general, deben ser consideradas derechos fundamentales. La nueva Ley sigue uno de los objetivos principales: lograr el acceso a internet para todos y todas”.
Del PAN, el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra resaltó que la reforma “es una amenaza y advertencia de un gobierno espía, autoritario, controlador y censurador, para las y los ciudadanos, concesionarios, medios de comunicación, periodistas y permisionarios”. Y dijo: “Están preparando todo para vigilar y censurar si alguien se atreve a criticar; es la formalización de un gobierno cada vez más autoritario”.
Precisó que esta reforma de “Ley de Censura” no inició nada bien. La sociedad participó para decir basta a esa Ley. Se lograron quitar artículos en temas de censura a lo que se quiere ver y escuchar, así como censurar a los periodistas y comunicadores internacionales, pero sigue sin haber autonomía.
“Queremos una televisión que informe y eduque, no que la censuren ni manipulen; no se quiere modernizar a las telecomunicaciones sino vigilar y controlar”.
La Ley responde a una realidad actual
Para el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (PVEM) la minuta representa una oportunidad histórica para renovar el marco legal de este sector, el cual tiene como objetivo simplificar y digitalizar los trámites, eliminar duplicidades normativas, y establecer reglas claras que fomenten la inversión y la competencia.
“Esta nueva Ley en materia de Telecomunicaciones responde a una realidad actual”.Puntualizó que la Ley cuenta con visión técnica, pero con sentido social, profesionaliza la regulación, protege la pluralidad y reorganiza las capacidades institucionales para garantizar la eficiencia, transparencia y la orientación del interés público.
Para asegurar la cobertura --dijo-- no es solo un deber del Estado, sino una responsabilidad compartida con quienes participan en el uso del espectro.En opinión del diputado Adrián González Naveda (PT) esta ley es el mejor producto legislativo posible en el ramo y es resultado del proceso de transformación; “defendemos esta discusión desde la justicia, los derechos y la ciudadanía, no desde la óptica mercantilista, prestaciones, contraprestaciones, dinero y cochupo, y de legisladores que operaban como esbirros de las televisoras, conocidas como “telebancadas”.
Se aprueban rubros históricos en materia de radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, quienes podrán tener viabilidad financiera, ya que se establece que la publicidad oficial del Gobierno Federal ya no será del uno por ciento, sino del uno al 10 por ciento, así como los gobiernos de los estados y municipios; podrán vender productos y servicios locales, usando hasta el 3 por ciento de su tiempo total de transmisión.
Nueva Ley de Telecomunicaciones divide posturas
Además, se recuperan las exigencias de los derechos de las audiencias. A su vez, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) indicó que la Ley en Materia de Telecomunicaciones representa dos pilares del pensamiento dictatorial: la intromisión en la vida de las personas al invadir su privacidad y, segundo, atenta contra la libertad de prensa, expresión e información.
“Bajo el disfraz de eficiencia administrativa, crearán la CURP biométrica, con la que podrán vigilar cada movimiento y geolocalizar a cualquier persona sin una orden judicial”.Advirtió que las redes sociales dejarán de ser espacio de libertad y pasarán a manos del gobierno, quien podrá controlar el contenido y se convertirá en un “filtro ideológico”, donde lo que no le guste al poder simplemente no se podrá comunicar.
“Estamos en contra de este principio dictatorial. Venimos a defender las libertades, el derecho a disentir, a comunicarse sin ser espiado y a opinar sin ser castigado”.Patricia Flores Elizondo, diputada de MC, expresó su respaldo a la minuta, porque si bien no es una Ley perfecta se logró mejorar de manera radical un proyecto que originalmente mereció el calificativo de “Ley censura”.
El nuevo documento es infinitivamente mejor a la iniciativa original, ya que se atendieron preocupaciones, se corrigieron excesos y se logró que el dictamen final refleje un mayor equilibrio, transparencia y participación.
“Lo acompañamos porque refleja una mejora real”. Añadió que se eliminó el artículo que permitía el bloqueo de plataformas digitales; se creó un órgano colegiado con cinco comisionados nombrado por la Presidencia de la República, pero ratificados por el Senado. “No es un órgano autónomo constitucional, pero tiene más independencia de lo que se proponía; se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de censurar contenidos extranjeros, avanza en la inclusión de personas con discapacidad.
La diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez (MC) recordó que en México 18 millones de personas no tienen acceso a internet y el costo radioeléctrico es uno de los más altos de América Latina, pero la nueva ley ayudará a disminuir la brecha digital, obliga a concesionarios a contar con códigos de ética, crea defensorías de audiencia, protege a personas con alguna discapacidad, integra la perspectiva de género y fortalecen medios comunitarios indígenas y afromexicanos.
Para la diputada Zayra Linette Fernández Sarabia (Morena) México necesita una Ley acorde a la realidad tecnológica global que reconozca que estos servicios no son privilegios sino derechos fundamentales que garanticen que las telecomunicaciones y la radiodifusión lleguen a todos, sin excepción, ni barreras económicas ni sociales, sino una norma con visión social que beneficie al pueblo y no a los grandes corporativos.
El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN) aseguró que la minuta representa un retroceso y una amenaza a las libertades. “El contenido de la Ley es preocupante, al permitir que el Estado sea juez y parte, que el propio Gobierno Federal, a través de las entidades públicas sea concesionario de redes, y la desaparición de organismos constitucionales autónomos”.
En tanto, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Bordeja (PT) destacó que con la nueva Ley se deja atrás un modelo burocrático que solo beneficiaba a los grandes monopolios.
“No busca cuidar privilegios, ni quedar bien con las empresas telefónicas”, sino proteger los intereses de la ciudadanía; además, obliga a los grandes concesionarios a llevar internet, telefonía y servicios digitales hasta el poblado más apartadoEmilio Suárez Licona, diputado del PRI, destacó que por convicción democrática y responsabilidad republicana votará en contra de la reforma porque representa la instauración de un modelo de control estatal.
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