Daniel García Rodríguez, quien permaneció 17 años en prisión preventiva sin sentencia en el Estado de México, cuyo caso escaló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y derivó en una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, con lo que ordenó a nuestro país legislar al respecto para evitar la repetición, acudió este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en espera de que el asunto sea abordado en la última sesión de Pleno de la actual integración.
“La CIDH tiene ya más de dos años y medio en espera de algún pronunciamiento por parte de algún órgano del Estado mexicano. Esta es una oportunidad que para nosotros es única y por eso tan interesados en que esto se desarrolle el día de hoy”.
García Rodríguez, cuyo caso, así como el de Reyes Alpizar Ortíz, fue analizado por la CIDH, por lo que el organismo internacional condenó a México por violar los derechos de los acusados y someterlos a prisión preventiva oficiosa, explica que hizo la petición en días pasados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que le permitieran asistir a la sesión de este martes, sin embargo no se le permitió el acceso.
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Daniel García expresó que se trata de un tema de una gran relevancia, pues actualmente hay más de 40 mil presos sin sentencia.
“Están ahí, digamos, en carácter de inocentes. A todos nos perjudica, a todos nos debe de interesar, porque la prisión preventiva automática, que es el único país donde existe, aquí en México, en ninguna parte del mundo funciona de esa manera”.
El proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, referente al caso García Rodríguez respecto a la prisión preventiva oficiosa, está enlistado para la última sesión del Pleno de la SCJN, sin embargo ocupa el número 154, mientras que el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat tiene el 155.
El pleno debe resolver este martes más de 89 recursos de inconformidad referentes a la elección de dos magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Ante la posibilidad de que el asunto referente a la prisión preventiva oficiosa no sea analizado en la última sesión del Pleno de la Corte, Daniel García Rodríguez, manifestó que su posicionamiento sobre el tema se mantendrá con la próxima integración de la Corte.
“Nuestro posicionamiento seguramente no va a variar, es el mismo desde que la sentencia de la Corte interamericana fue publicada, el hecho de que este organismo haya establecido y haya ordenado al Estado mexicano la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, a modo de que fuera retirado de la Constitución, es de la mayor relevancia para todos los ciudadanos”.
El 25 de febrero de 2002, Daniel García Rodríguez fue detenido por el asesinato de María de los Ángeles Tamés, regidora de Atizapán, Estado de México, ayuntamiento donde él era secretario. Un año después, se le acusó, junto con el entonces alcalde Antonio Domínguez, de haber ordenado el crimen.
Meses después, Reyes Alpízar Ortíz, artesano de la localidad, fue arrestado como presunto cómplice del autor material, Jaime Martínez; luego de que se comprobó la estancia en prisión de Martínez, durante el homicidio de la regidora, Alpízar pasó a ser quien disparó el arma.
Posterior a su detención e interrogatorio, se decretaron medidas de arraigo que implicaron su confinamiento por 47 y 34 días, respectivamente; estos duraron hasta que fueron decretadas las aperturas del proceso penal.
Ambos permanecieron en prisión preventiva por más de 17 años. Se adoptaron medidas alternativas a la privación de la libertad, que se encontraban vigentes cuando la corte emitió su sentencia.
El 12 de mayo de 2022, se pronunció la sentencia condenatoria por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años. Esta se apeló. El caso expuso dos figuras perpetuadas en la normatividad del país: el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió en abril de 2023 el caso “García Rodríguez y Reyes Alpízar contra México” y condenó al Estado mexicano a reformar las leyes internas con el fin de eliminar el arraigo y limitar la prisión preventiva oficiosa. El tribunal interamericano consideró que ambas medidas cautelares son violatorias de la presunción de inocencia.
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FGR
