Entre los objetivos de la reforma a la Ley de Amparo, recientemente remitida al Congreso, está el de acotar los amparos que se tramitan en contra de sentencias firmes que dicta, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con los que se ha terminado por aplazar durante décadas el cumplimiento de resoluciones.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la finalidad de esta modificación es concretar la reforma al Poder Judicial. Dijo que los cambios propuestos garantizarán el derecho de los ciudadanos a ampararse frente a actos de autoridad.
No obstante, lo central será disminuir los tiempos respecto a las resoluciones que emite la SCJN, pues el actual sistema permite interponer amparos que retrasan el cumplimiento de lo que se decida.
“Ahora, por ejemplo, puede haber una sentencia firme de la Corte, pero una persona se puede volver a amparar en la ejecución de la sentencia. Entonces, si ya fueron 20 años de juicio, ya hay una sentencia de la Corte, ¿cómo después te puedes amparar varias veces una vez teniendo una sentencia firme de la Corte? Entonces, temas de ese tipo se ven en la iniciativa que enviamos. Y, sobre todo, la reducción de tiempos”, dijo.
También señaló que esto abonará a que personas en prisión no permanezcan en dicha condición durante tantos años en espera de una sentencia.
“Que todo el sistema judicial sea más expedito, vamos a ponerlo así: que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso. Y eso tiene que ver con varias leyes y sus tiempos para poderlo hacer mucho más rápido, la resolución de un caso; que no haya personas que llevan tantos años en la cárcel y que no se sentencian porque hay amparo sobre amparo”, dijo.
En ese contexto, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el morenista Javier Corral, anunció que se abrirá un ejercicio de parlamento abierto para revisar la iniciativa que presentó la Presidenta, la cual fue turnada a las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda, para escuchar las observaciones de especialistas, organizaciones y ciudadanos, y aseguró que no habrá un fast track y que el proceso legislativo se llevará a cabo con responsabilidad.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, acusó a la reforma de un intento de consolidar un “régimen autoritario” al limitar las herramientas legales que protegen a los ciudadanos frente a las autoridades.
Criticó la eliminación de los efectos generales del amparo, las restricciones al interés legítimo y la posibilidad de que la autoridad alegue imposibilidad jurídica o material para no cumplir las sentencias.
Manuel Añorve, coordinador del PRI, anunció que su bancada votará en contra de la iniciativa si no se modifican los puntos que, a su juicio, fortalecen al Gobierno y limitan los derechos de la sociedad, y refirió que los parlamentos abiertos anteriores han sido una simulación.
