Las costureras fallecidas tras los sismos que sacudieron a la Ciudad de México en de 1985 y 2017 “no son casos aislados”, dijo la abogada feminista Azeneth García, quien aseguró que desde 1985 hay evidencia de al menos cinco mil 700 muertes relacionadas a negligencia patronal “ante fenómenos naturales adversos”, ya que los empleos de miles de mujeres “se desarrollan en medio de la precariedad y el silencio como cómplices de acciones que terminan en tragedia, como ocurrió en Chimalpopoca” .
Mencionó que el caso de quienes laboraban en el edificio de Bolívar 168, en el Centro Histórico, “no se ha tenido la justicia esperada, y quizá nunca llegue, mientras sigan trabajando las mujeres en condiciones de desigualdad, desde económica, hasta en condiciones que por biología requieren otros cuidados. A quienes ahí trabajaban muchas veces les negaban hasta ir al baño”.
- El Dato: EL turibús de la CDMX realizará un recorrido llamado “La Ruta del 85. Recorrido por la memoria sísmica”, que visitará 24 sitios emblemáticos de la tragedia de ese año.
Hoy, ocho años después del sismo de 2017, afirma que los familiares de las víctimas no han recibido la reparación del daño y, en algunos casos, continúan esperando la judicialización de sus casos, y refiere que “lo que debería dejar estos casos de negligencia, de dolor, es mejoras en general en las condiciones laborales.
Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 16 y 17 de diciembre
“Lo que debería dejar estos casos de negligencia, de dolor, son mejoras en general en las condiciones laborales. Durante el huracán Otis hubo, por ejemplo, hoteles en Acapulco en los que a las recamareras los dueños no las dejaron ir a sus hogares, en medio de una tragedia; de ese tamaño es la negligencia”, insistió la especialista.
Recordó que las costureras de talleres que hoy se sabe, eran clandestinos, operaban en el edificio, que tenía un permiso para funcionar como oficina, pero en realidad albergaba varias empresas. A la 13:14 minutos del 19 de septiembre de 2017, el sismo de 7.1 grados Richter derribó el edificio, que fue imposible desalojar, debido a las condiciones que tenían las empleadas, que estaban a minutos de salir a tomar su descanso de 20 minutos para comer.
“Tras el sismo de 2017, el edificio de cuatro pisos colapsó. Murieron 21 personas, incluyendo 15 costureras. Su situación se compara con la de las víctimas de 1985, ya que también sufrieron por el sistema laboral precario en el que operaban muchos de estos talleres, y esto no es ajeno a las costureras de la ciudad. La situación en general en el país para ellas es complicada, desde jefes violentos, sin tiempos de descanso o alimento, las llevan a condiciones fatales como esta”, dijo la abogada.
Línea Moda Joven fue una de las empresas que quedó en la memoria de los familiares de quienes ahí laboraban. Actualmente el edificio, ubicado en la colonia Obrera, guarda un memorial en el que se observa un pequeño algar para quienes hoy ya no están.
Es el caso de Irma Sánchez Ramírez, quien “con salarios mínimos, y un solo día de descanso”, laboraba en este lugar, donde quedó sepultada y, como cada año, su hija Jessica se pregunta ¿qué pudo pasar si ese día no hubiera ido a trabajar?
La empresa de la familia Azkenazi, como muchas otras, no se acercó siquiera a los familiares. Fueron las amigas y compañeras de trabajo de Irma, quienes se solidarizaron, y recabaron 8 mil pesos que le entregaron, mientras que la dueña mando dos mil pesos.
Al respecto, el ingeniero estructuralista Azael Carranza dijo que, “debido al peso y al tipo de estructura que ya presentaba daños desde el 7 de septiembre, cuando se dio un sismo previo, se dio aviso a estos dueños, y los dueños no hicieron caso”.
Urgen a hacer diagnósticos estructurales de planteles
› Por Claudia Arellano
Especialistas hicieron un llamado a las autoridades a que se eviten tragedias similares a la ocurrida en el Colegio Enrique Rébsamen, donde en 2017 murieron 26 personas, por lo que urgieron a realizar diagnósticos estructurales en planteles educativos, pues afirman que “al menos 30 por ciento de escuelas en el país presentan por mínimo un daño”.
Laura Álvarez, diputada local del PAN, dijo que recientemente presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades educativas y al Gobierno capitalino a evitar que una tragedia como el desplome del plantel ocurra de nuevo y planteó que esto sea extensivo a otros niveles legislativos para que tenga un alcance nacional.
Consideró que deben realizarse diagnósticos técnicos y estructurales de las escuelas que están en condiciones críticas, en especial donde el deterioro es patente, como el caso de la primaria “Mártires de Tacubaya”, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que presenta graves afectaciones en su estructura.
- 369 personas fallecieron en el sismo de 2017 en el centro del país
El ingeniero civil Carlos Pastrana dijo que desde su profesión ha sido testigo de tragedias relacionadas con la negligencia en estructuras, y que una simple revisión podría hacer la diferencia.
“El deterioro de los planteles educativos no es un problema nuevo. Desde hace más de dos décadas, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado la situación. En 2017, emitió una recomendación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Gobierno capitalino tras constatar condiciones inadecuadas en al menos 29 escuelas públicas de la ciudad y también hay registro nacional con al menos unas 160 escuelas con daño de esta categoría.
“Niñas y niños no pueden ser víctimas de la negligencia de las autoridades, deben ser una prioridad. El Gobierno los deja al último porque no votan”, señaló.
El especialista en estructura recordó que el caso del colegio Rébsamen, situado en el cruce de Calzada de las Brujas y Rancho Tamboreo, alcaldía Tlalpan, era un edificio de cuatro niveles que albergaba a niñas y niños de nivel kínder, primaria y secundaria.
“El lugar se vio envuelto en la polémica, ya que en la parte superior se había construido una vivienda, y esto es algo muy común en escuelas particulares, donde los profesores, directores o demás, construyen, para ahorrar dinero, en lugares no aptos, cobrando vidas de inocentes”, dijo.
Ana Lilia Gutiérrez, madre de una menor fallecida en 2017, afirmó a medios que la justicia no estará presente hasta que se sancione a los servidores públicos responsables de las omisiones que permitieron la construcción ilegal, y se sumó al llamado a evitar una tragedia futura de esta índole.
Para los especialistas en estructura, este caso recuerda la importancia de la responsabilidad en la construcción y la necesidad de garantizar la seguridad en las instituciones educativas, y también hacen un llamado a los padres de familia a observar los planteles educativos donde sus hijos asisten cada día.
