El cónsul general de México en Orlando, Florida, Juan Sabines Guerrero, confirmó la presencia de 176 connacionales en el recién inaugurado centro de detención migratoria del norte del estado, conocido como Deportation Depot.
En palabras del exgobernador de Chiapas, lo anterior representa “un auténtico drama humano” que exhibe la vulnerabilidad de cientos de familias migrantes.
En un video en sus redes sociales luego de realizar una visita de verificación, aseguró que todos los mexicanos recluidos en Deportation Depot fueron arrestados en los últimos días por autoridades estatales y locales, no por agentes federales.
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- El Dato: El mexicano Miguel Ángel García Hernández, baleado en un tiroteo el miércoles contra un centro de ICE en Texas, se reporta en estado crítico, conectado a soporte vital.
“No vimos un solo caso detenido por ICE, ni un solo caso por inmigración federal. Todos han sido del estado, de la policía estatal y local”, detalló el funcionario, quien destacó que Jacksonville y otras áreas del norte de Florida encabezan la lista de ciudades con mayor número de casos reportados.
Precisó que las detenciones responden principalmente a infracciones de tránsito, como conducir sin licencia expedida en el estado, o incluso por la mera condición migratoria de los pasajeros de un vehículo: “Lo impresionante es la rapidez con la que ha crecido el número de casos. La semana pasada teníamos 49 y hoy son ya 176”.
La situación, agregó, es particularmente crítica en Jacksonville, que se ha convertido en el punto neurálgico de los operativos migratorios impulsados por el gobierno estatal.
El cónsul de Asuntos Políticos, Iván Pliego, describió así escena que presenciaron: “Lo que encontramos fue un verdadero drama humano. Son familias separadas y trabajadores que únicamente buscaban ganarse la vida (...) gente dedicada a laborar en el estado, y que fueron levantados de manera arbitraria en la carretera”.
A la visita acudió un equipo de protección consular, que tuvo acceso a algunas áreas del centro y dialogó con los migrantes detenidos originarios de México, quienes comparten el espacio con indocumentados de diversas nacionalidades.
Deportation Depot, diseñado para alojar hasta a dos mil personas, abrió sus puertas el pasado 2 de septiembre en las afueras de Jacksonville, la ciudad más poblada del norte del estado.
El centro opera como una extensión de Alligator Alcatraz, ubicado al oeste de Miami, cuya clausura había sido ordenada por una jueza federal, pero que sigue funcionando, tras un fallo en instancias de apelación. Se trató de la rehabilitación de una antigua cárcel del condado de Baker, al occidente de Jacksonville.
De acuerdo con estimaciones del activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), el número de migrantes recluidos en el nuevo centro en estos momentos ronda los 400, aunque la capacidad total es cinco veces mayor.
Testimonios recogidos por la red jurídica Sanctuary of the South (SOS) han denunciado las pésimas condiciones y tratos en el lugar, como acceso limitado a atención médica, incluidas emergencias, comida mala y escasa, falta de agua potable, falta de privacidad para que los detenidos hablen con sus abogados y ausencia de mecanismos para presentar quejas. Todo ello, similar a lo que se vive en Alligator Alcatraz, el centro que opera al oeste de Miami.
De acuerdo con integrantes de asociaciones civiles, lo que ocurre en el norte de Florida constituye un laboratorio de políticas migratorias cada vez más estrictas, donde la criminalización de los migrantes por faltas administrativas menores se traduce en detenciones masivas y separación de familias.
Ante el crecimiento de detenciones, el Consulado General de México en Orlando implementó acciones de apoyo, como la expedición de pasaportes para los hijos de los afectados y la invitación a las familias para que gestionen la doble nacionalidad de manera gratuita y sin cita.
Juan Sabines hizo un llamado a la comunidad mexicana a acercarse al consulado, donde pueden acceder sin costo a asesoría legal de especialistas en migración.
“Tenemos abogados todos los días de lunes a sábado. Pregúntale a ese abogado si puedes quedarte en este país y, si no es posible, decide lo que más convenga a tu familia. El Gobierno de México te apoyará en la decisión que tomes”, explicó.
El estado presume 6 mil arrestos en sólo 5 meses
› AP
En los últimos cinco meses, las autoridades policiales de Florida han arrestado a más de seis mil personas sospechosas de estar en Estados Unidos sin autorización, anunció ayer un funcionario de la Patrulla Fronteriza, mientras el estado continúa con su enfoque agresivo para impulsar la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.
Esa cifra se compara con los más de cinco mil arrestos realizados en tres meses en Los Ángeles, según el Departamento de Seguridad Nacional, y los más de 940 que las autoridades realizaron en un mes durante una operación en Washington, DC.
Las autoridades locales y estatales de Florida han sido facultades para poner en marcha un amplio esfuerzo de aplicación de la ley de inmigración para arrestar a residentes que carecen de estatus legal, gracias a la reactivación por parte del gobierno de Trump de un antiguo programa federal que delega autoridad a la policía local, a los jefes policiales de los condados y las agencias estatales.
En el estado adoptivo del presidente, más departamentos locales y estatales han firmado los convenios conocidos como acuerdos 287(g) que en cualquier otro estado. Algunas instituciones participantes parecen tener poco o nada que ver con la aplicación de la ley de inmigración, como el Departamento de Servicios de Lotería de Florida.
El viernes, las autoridades anunciaron que, en una operación efectuada por organismos locales, estatales y federales, se realizaron más de 350 arrestos en el centro del estado en cuatro días.
En declaraciones a la prensa en un evento en Cocoa, Florida, Jeff Dinise, agente jefe de patrulla del sector de Miami de la Patrulla Fronteriza, dijo que el Gobierno federal no tiene “mejor socio” que esa entidad, a la que presentó como un modelo nacional.
Garduño se disculpa por el incendio en centro migratorio
Por Tania Gómez
A dos años y medio del incendio registrado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 migrantes encerrados en celdas bajo llave, Francisco Garduño, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ofreció una disculpa pública a los familiares de los fallecidos y a los 27 sobrevivientes.
“A todos, les ofrezco con humildad una profunda disculpa por el sufrimiento y daño causado a ustedes y a sus familias, que vino a cambiar sus vidas para siempre. Reconozco que estos hechos son inaceptables”, pronunció.
El exfuncionario reconoció que en los hechos existieron violaciones a los derechos humanos de las víctimas, y señaló que ello les ocasionó modificaciones a sus proyectos de vida.
“No hay palabras que puedan resarcir y devolver las condiciones que tenían antes del 27 de marzo de 2023. Me encuentro en un acto de recuperación de la memoria, reconociendo la dignidad de las víctimas, para garantizar la reparación del daño y evitar que se repitan los hechos contra migrantes en su paso por México”, agregó.
El acto se llevó a cabo en Ciudad de México, a más de mil kilómetros de donde ocurrieron los hechos, por lo que algunos de los familiares de las víctimas tuvieron que conectarse vía remota para poder presenciar la disculpa.
En el lugar, integrantes de organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a sobrevivientes del incendio portaron letreros donde se leía: “La detención migratoria mata”.
Wilson Juárez, originario de Guatemala y sobreviviente de la tragedia, acudió al evento realizado ayer, en donde consideró que este acto no cambiará en nada la situación: “Es muy difícil. Una disculpa no cambia tu vida, no va a ser como antes”.
En Ciudad Juárez, diversos colectivos se manifestaron en el exterior de la estación migratoria donde ocurrieron los hechos; exigieron que la disculpa se realice en Chihuahua y manifestaron su rechazo a que Garduño permanezca en libertad.
En 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que había elementos para que Garduño Yáñez fuera juzgado como probable responsable de omisiones, al atribuirle la falta de seguridad para los migrantes recluidos y las condiciones en que se encontraban.
En la estación migratoria siniestrada no había acceso a agua potable ni alimentos y tampoco se contaba con salidas de emergencia ni protocolos de protección civil en caso de un incendio.
El exfuncionario fue procesado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pero no se le dictó prisión preventiva y tampoco fue obligado a separarse de su cargo como titular del INM, el cual dejó apenas en mayo pasado.
La disculpa de ayer se generó como un acto obligatorio establecido en una orden por parte de un juez, quien le concedió la suspensión condicional del proceso penal 237/2023, derivado de la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023.
En este sentido, el pasado 24 de enero se le fijó un plazo de 30 días para ofrecer la disculpa pública, pero la defensa de Garduño logró la ampliación del plazo. Posteriormente se anunció que sería el 16 de abril, luego que el 2 de mayo, y finalmente se pudo concretar ayer.
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MSL
