La senadora migrante de Morena Karina Ruiz advirtió que las recientes detenciones de 176 connacionales en el centro migratorio conocido como Deportation Depot, en Florida, Estados Unidos (EU), revelan un patrón de persecución contra trabajadores hispanos que vulnera derechos humanos y afecta directamente a las comunidades donde residen.
“Es muy malo para la economía de Estados Unidos y para nuestra gente. No veo cuál es el provecho de que estén persiguiendo trabajadores (…) cada una de esas personas tiene un empleo, cumple una función en las comunidades y aporta (al país). Al detenerlos, al deportarlos, eso va a afectar a sus comunidades. Es injusto que se persiga a la gente por trabajar”, señaló a La Razón.
Karina Ruiz alertó que estas prácticas responden a un incremento presupuestal para las agencias de control migratorio en EU: “Éste es el resultado de triplicar el presupuesto de ICE y CBP. Esta máquina de deportación ahora tiene cuotas y están agarrando a la gente indiscriminadamente. Eso no es beneficioso para nadie”.
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La legisladora, quien representa a mexicanos en el exterior, subrayó que se han documentado abusos en contra de ciudadanos con nacionalidad estadounidense: “Dentro de esas detenciones ha habido ciudadanos méxico-estadounidenses o estadounidenses que han sido detenidos. El llamado es a que no haya perfil racial, porque eso es muy grave. Lo hemos vivido en Arizona con la SB 1070”.
Frente a esta situación, la senadora morenista instó a reanudar el diálogo interparlamentario con legisladores de Estados Unidos, como ocurrió con el tema de las remesas. “Ya tuvimos un éxito con el tema de las remesas; logramos que no se impusiera un cinco por ciento de impuesto porque fuimos a explicar cómo iba a afectar en ambos lados de la frontera. Es importante continuar ese diálogo con senadores y representantes estadounidenses para que tomen conciencia de lo grave que está sucediendo”.
Añadió que la agenda debe ser unitaria y no partidista. “Hablo a mis compañeros de todas las bancadas: por el bien de los mexicanos en el exterior, la agenda debe centrarse en defender sus derechos y dejar a un lado los temas internos. Debe ser algo plural, para que en Estados Unidos vean que podemos trabajar juntos en pro de nuestra gente”.
Finalmente, la senadora del guinda reiteró su exigencia a Washington para garantizar el debido proceso en todos los casos: “Seguimos insistiendo desde México en que se respete el debido proceso y que las personas tengan una oportunidad de pelear sus casos frente a jueces de migración. Hablamos siempre de colaboración, pero jamás de sumisión”.
Proyectan reforzar la contención migratoria, pero también refugio
› Por Tania Gómez
Mientras miles de migrantes hacen fila bajo el sol de Tapachula para esperar una respuesta por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que puede tardar meses, el Gobierno federal proyecta destinar en 2026, apenas 5 centavos de cada peso migratorio a quienes buscan refugio, y 95 centavos para reforzar la contención y detención de indocumentados, tareas concentradas en el Instituto Nacional de Migración (INM).
La cifra —contenida en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PPEF), que deberá avalar el Poder Legislativo— revela una paradoja: aunque la Comar recibirá el mayor incremento de su historia (128 por ciento más que en 2025), sus 109.2 millones de pesos representan apenas 5.6 por ciento de lo que tendrá el INM, cuyo presupuesto de mil 961.2 millones refuerza la estrategia de contención por encima de la protección.
- El Dato: La ACNUR informó el 25 de junio que México se ubica entre los principales países del mundo en solicitudes de asilo, con 100 mil al año y una tasa de reconocimiento del 41%.
Tras alcanzar un récord de más de 140 mil solicitudes de refugio en 2023, la Comar procesó 78 mil 975 casos en 2024 y lleva 36 mil 300 en los primeros cinco meses de 2025. Pero la reducción en las peticiones no alivió la crisis institucional, sino que se profundizó.
En junio, La Razón documentó el desmantelamiento silencioso de la Comar: despidos injustificados de personal especializado, falta de traductores, insumos básicos faltantes y retrasos en el pago de salarios. La institución recibía menos recursos y, además, perdía la capacidad técnica para usar los que tenía.
Las consecuencias se viven en Tapachula, Chiapas, epicentro de la crisis migratoria mexicana. Las oficinas de la Comar funcionan al límite de su capacidad: filas de solicitantes de refugio que se extienden varias calles bajo el sol, trámites que duran meses sin garantía de respuesta positiva y personal insuficiente y la consecuente concentración de miles de migrantes en ese municipio.
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De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., todo ello impacta al generar retrasos significativos en los procesos de admisión, las entrevistas de elegibilidad y las resoluciones, lo que genera que los procedimientos se prolonguen hasta por más de un año, en contravención a lo establecido por la legislación, que señala que deben ser 45 días.
El presupuesto máximo que la Comar había recibido del Gobierno en los últimos años fue de 51 millones de pesos en 2023, y desde 2019 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le otorgó recursos anuales equivalentes al doble de lo que le proporcionaba el Estado mexicano.
Pero a partir del segundo semestre de 2025, la oficina de la ONU redujo los apoyos, luego de la decisión de Donald Trump de restringir los recursos a la asistencia internacional.
Ello ha implicado el cierre de las oficinas de ACNUR en Palenque y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también en Guadalajara, Jalisco, y Tenosique, en Tabasco.
Es así que, a pesar de que en papel la Comar tendrá más dinero proveniente del presupuesto mexicano, en realidad podría operar con menos recursos totales que en años anteriores, porque el aumento presupuestal federal no compensa la caída de recursos otorgados por los apoyos internacionales.
Del otro lado de la balanza migratoria, el INM recibirá un incremento del 15 por ciento para 2026, consolidando su papel como brazo ejecutor de la política de contención migratoria.
Sus mil 961.2 millones de pesos (mdp), que son casi 18 veces el presupuesto de la Comar, reflejan la prioridad gubernamental por los refugiados.
Siete de cada diez pesos (mil 373 millones) se destinarán a servicios generales: desde renta de oficinas hasta gastos de traslado y viáticos para las operaciones de control migratorio.
Otros 530 millones cubrirán salarios y prestaciones del personal que ejecuta la política de contención. “El INM es un aparato que se ha dedicado esencialmente a la contención de migrantes y será todavía más fortalecido presupuestalmente para 2026”, evalúa Tonatiuh Guillén, excomisionado del INM.
Para Tonatiuh Guillén, la ecuación es clara: “Mientras el Gobierno reduce el gasto en ciencia o universidades, incrementa la contención migratoria. Y persiste el desinterés político por una Comar fortalecida”.
Mientras tanto, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, órgano cuya labor es coordinar los esfuerzos institucionales para una atención integral, ordenada y eficiente del fenómeno migratorio en la frontera sur de México; sufrirá un recorte del 7.5 por ciento, al quedar con 54.4 millones de pesos, en comparación a lo que ejerció este año.
