El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) aprobó la extinción de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, instancia creada para coordinar la transición del sistema de justicia laboral del ámbito administrativo al judicial.
La desaparición de esta unidad entró en vigor el 1 de octubre de 2025, según el acuerdo general publicado por el propio órgano este martes en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta decisión, el Poder Judicial cierra oficialmente la etapa de operación de la Unidad de Implementación de la Reforma Laboral, creada originalmente para acompañar la instalación de los tribunales laborales federales y locales, y que son parte del cumplimiento de las obligaciones de México bajo el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), que contempla un capítulo laboral específico con estándares más elevados que el tratado anterior.
Con la desaparición de la Unidad, según el acuerdo aprobado, las funciones que desempeñaba serán asumidas de manera provisional por la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el fin de atender de manera integral ambas materias en tanto se actualizan los acuerdos que definan la nueva estructura administrativa del OAJ.
El acuerdo también ordena la transferencia definitiva de las plazas laborales pertenecientes a la Unidad de Implementación hacia la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Disciplina y Sustanciación de Responsabilidades del Personal Administrativo, y la conversión de seis plazas de esa área en cuatro nuevas posiciones adscritas a la misma secretaría.
La decisión deriva de la reestructuración general del Poder Judicial de la Federación aprobada a partir de la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024, que creó el Órgano de Administración Judicial como instancia responsable de la gestión técnica, administrativa y presupuestal de todos los órganos del Poder Judicial.
El acuerdo argumenta que la extinción de la Unidad de Implementación responde a las medidas de “racionalidad, austeridad y modernización administrativa”, en cumplimiento con la Ley Federal de Austeridad Republicana.
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FGR
