Ante las preocupaciones y advertencias de riesgos manifestadas dentro del sector privado respecto a la reforma al Código Fiscal de la Federación, que se discute en el Congreso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que el objetivo de los cambios es robustecer las acciones contra la evasión fiscal cometida por medio de factureras y poner ‘piso parejo’ en el pago de las contribuciones en beneficio de la población.
Esta semana, representantes de empresa refresqueras, casinos tabacaleras y otros servicios y productos, expusieron sus inquietudes ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro, donde consideraron que la propuesta disparará los precios de lo que comercializan y que incluso las medidas podrían incrementar la migración del sector a la informalidad.
Al abordar los cambios en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que desde el año pasado se reformó el artículo 19 constitucional en donde se clasificó la venta de facturas falsas como un delito que implica una grave afectación al fisco federal.
“A raíz de eso, explicó, que lo que se busca con la reforma propuesta es atraer lo que se estableció en la Carta Magna al Código. Para evitar la constitución de empresas falsas que sirven a otras para evitar el pago de impuestos por medio de la emisión de facturas apócrifas, se tomará una medida de control en la inscripción con la que el RFC y la firma ya no se les entregarán el mismo día en el que acudan a constituirse”, explicó.
Afirmó que el procedimiento será abreviado y no durará más de 24 días; habrá una baja de sello para facturar desde el inicio del procedimiento y sostuvo que siempre se dará el derecho de audiencia al contribuyente; así mismo subrayó que los socios, accionistas y representantes que vengan facturas ya no van a poder inscribir a otra empresa y quiénes las compren se van a tener que corregir de lo contrario también se les dará de baja el sello de facturación.
Recordó que lo que también se propone es aplicar la prisión preventiva oficiosa para aquellas personas que no sean contribuyentes y que estén afectando al fisco Federal.
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FGR
