Durante la primera audiencia pública de la nueva época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizada este lunes con personas con discapacidad, los ministros Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa externaron diferencias con la ministra Lenia Batres, sobre la discusión respecto a la vigencia o eliminación del criterio que, desde 2016, ha invalidado automáticamente alrededor de 50 normas generales aprobadas sin consultarles.
La ministra Batres había informado el pasado 7 de octubre que el pleno había determinado, con ocho votos a favor y uno en contra, abandonar la obligación de invalidar toda ley que no hubiera sido consultada con personas con discapacidad. Sin embargo, sus colegas aclararon que el debate permanece abierto y que la audiencia pública tiene, precisamente, el propósito de recabar información antes de tomar una decisión definitiva.
- 50 normas de discapacidad se han aprobado sin consultarles
La ministra Yasmín Esquivel precisó: “En este momento el criterio actual que preserva la Corte como herramienta permite escuchar directamente a las personas con discapacidad obligando a todos los congresos a realizar consultas significativas. Ése es el criterio que se tiene actualmente. Hoy esta audiencia pública es para determinar si se abandona y se flexibiliza el criterio para que las personas con discapacidad vuelvan a ser objeto pasivo de los acuerdos legislativos retrocediendo en la materia”.
Ell ministro Giovanni Figueroa subrayó que el cambio de criterio que ha señalado en su intervención la ministra Lenia Batres es su opinión y continúa el debate.
Además, expresó su desacuerdo con modificar el criterio actual: “Yo me manifesté porque no estoy de acuerdo con el cambio de criterio. Porque en mi opinión, el lema ‘nada sobre nosotros sin nosotros’ implica que todo lo que les afecte a ustedes debe ser consultado”.
El ministro presidente Hugo Aguilar aclaró la naturaleza del ejercicio: “Esta Corte, antes de resolver, se ha puesto el mecanismo de hacer audiencias públicas para allegarse de información que nos permita tomar una buena decisión”.
Saori Pérez Milo, activista autista, afirmó: “No estamos de acuerdo con la propuesta de la ministra Batres porque elimina la obligación de consultar a las personas con discapacidad antes de aprobar leyes que nos afectan. Eso nos vuelve a excluir de las decisiones sobre nuestra propia vida y contradice el artículo cuarto, párrafo 3, de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
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am / cehr