El gobierno de Perú anunció ayer la ruptura de relaciones diplomáticas con México, luego de confirmar que la exprimera ministra Betssy Chávez, procesada por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo (2022), se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima.
“El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, declaró en conferencia de prensa el canciller Hugo de Zela, quien calificó la medida como respuesta a “un acto inamistoso” y a las “reiteradas acciones en que la actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú”.
De Zela expresó que las autoridades peruanas conocieron “con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo”, se encuentra refugiada en la sede diplomática mexicana, desatando una crisis bilateral sin precedentes recientes entre ambas naciones.
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El canciller lamentó que México persista en lo que llamó una “equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”.
No obstante, aclaró que la ruptura de relaciones diplomáticas “no significa” que se hayan “roto relaciones consulares” con México, lo que permitiría mantener servicios básicos para ciudadanos de ambos países.
Después de que la prensa local reportara una intensa movilización policial afuera de la embajada mexicana en Lima, el Gobierno de Perú aseguró que no planteaba un ingreso por la fuerza para detener a Chávez, como ocurrió en Ecuador, en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares irrumpieron violentamente en la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas.
“Esa posibilidad no existe. El Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”, señaló la Cancillería de Perú, luego de lo cual el dispositivo de seguridad se redujo y un número menor de elementos se movilizaron hacia la parte frontal de la embajada.
Chávez enfrenta cargos por su presunta participación en el intento de autogolpe que ejecutó Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso, medida que derivó en su destitución y arresto, lo que motivó que México pidiera reiteradamente su libertad.
La exfuncionaria permaneció detenida desde junio de 2023 hasta septiembre pasado, cuando fue liberada tras una orden de un tribunal que determinó que había sido víctima de una detención arbitraria.
Por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó en un comunicado su rechazo a la “decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”.
Recordó que, de acuerdo con la ONU, “el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”, y “conforme a la Convención de Caracas, el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante”.
Dijo que Chávez mencionó haber sido objeto de “reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano”.
