La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un enérgico llamado a las instituciones del Estado para enfrentar de manera directa la creciente inseguridad en las carreteras del país.
La legisladora subrayó que las autoridades deben enfocar sus investigaciones en quienes cometen delitos como extorsión, secuestro y homicidio, y no en quienes exigen mejores condiciones de seguridad y vida.
En entrevista con medios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, López Rabadán insistió en que la crisis de violencia no debe convertirse en un debate partidista. “Este no es un asunto para politizarse, es un asunto que debe resolverse”, afirmó.
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La diputada advirtió que los asaltos y extorsiones en las vías federales impactan directamente a los ciudadanos, pues los costos derivados de estos delitos terminan reflejándose en el transporte de mercancías y, finalmente, en los precios que paga la población.
“Es necesario que las autoridades, todas, reconozcamos el problema de inseguridad que es brutal y es altísimo. Que reconozcamos el problema de inseguridad en las carreteras para los transportistas, que les afecta a ellos y que, por cierto, también encarece el transporte para los ciudadanos, todos, que terminan siendo los que pagan estas extorsiones”, insistió.
Reiteró que las autoridades deben dirigir sus esfuerzos hacia los verdaderos responsables: “A quienes extorsionan, dañan, asesinan y secuestran, a ellos hay que abrirles carpetas de investigación. No a quienes trabajan y buscan sacar adelante al país”.
López Rabadán detalló que en la Cámara de Diputados se discute un paquete legislativo para frenar la extorsión, considerado ya uno de los delitos de mayor crecimiento en México. Este conjunto de reformas contempla la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, además de cambios al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales y a leyes vinculadas con delincuencia organizada y extinción de dominio.
Según la legisladora, la extorsión genera pérdidas equivalentes a medio punto del PIB, afectando especialmente al sector transportista. Por ello, pidió a todos los niveles de gobierno asumir su responsabilidad en la disminución de la inseguridad vial y responder a las exigencias ciudadanas.
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LMCT
