El 53 por ciento de personas encuestadas entre el 19 y 20 de noviembre considera que las acciones gubernamentales para contener las movilizaciones de la llamada marcha de la Generación Z no fueron de naturaleza represiva, contra el 38 por ciento que sí lo piensa, de acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia, que preguntó a la ciudadanía sobre la protesta del pasado 15 de noviembre, en la que hubo varias personas detenidas y enfrentamientos entre policías y manifestantes.
Según la consulta, el 62 por ciento de las personas encuestadas considera que estas movilizaciones fueron pagadas para provocar al gobierno; el 20 por ciento opina lo contrario. Mientras que el 51 por ciento de los consultados dijo que los manifestantes fueron quienes iniciaron los ataques, sólo el 21 por ciento consideró que la policía detonó los actos violentos.
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En este sentido, el 39 por ciento de los participantes señaló que la respuesta policial durante la protesta del 15 de noviembre fue justa; el 28 por ciento opinó que fue una reacción excedida; el 15 por ciento la calificó como débil y el 18 por ciento no supo responder.
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Finalmente, una mayoría del 36 por ciento expresó confusión sobre quién organizó la marcha de la Generación Z; el 33 por ciento dijo que fue la Marea Rosa y solo el 26 por ciento opinó que los jóvenes sí estuvieron detrás de la protesta.
Durante las últimas semanas, el denominado movimiento de la Generación Z ha tomado relevancia en el ámbito político mexicano, luego de autoproclamarse como un grupo apartidista de jóvenes que busca denunciar la inseguridad que se vive en México.
El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo la primera marcha de la Generación Z, convocada en distintas ciudades del país. Sin embargo, fue en la Ciudad de México donde se registró la mayor concentración, al reunir —según autoridades capitalinas— a 17 mil personas que marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino.
En esta movilización ocurrieron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que dejó un saldo de 100 policías lesionados y 19 personas detenidas, entre ellos un menor de edad. De estas últimas, ocho fueron vinculadas a proceso tras una audiencia en el Reclusorio Norte, mientras que tres enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio.
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Aunado a lo anterior, según información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, entre los vinculados se encuentra Alberto “N”, identificado por las autoridades como delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc y miembro del equipo del diputado Andrés Atayde, coordinador de los diputados del Congreso capitalino.
Días después, a través de redes sociales del movimiento, se lanzó una nueva convocatoria para una segunda marcha, realizada el 20 de noviembre, misma fecha del desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.
Tras anunciarse esta convocatoria, las autoridades decidieron acortar la ruta del desfile, que partió del Zócalo capitalino hacia el Monumento a la Revolución, con lo que se redujo el recorrido tradicional de siete a tres kilómetros.
A pesar de que la primera convocatoria fue respaldada por miles, la segunda marcha registró una baja afluencia, con entre 150 y 200 asistentes.
La situación escaló al punto de que diputados locales de la Ciudad de México señalaron a los alcaldes de oposición, entre ellos, Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc, quienes ahora son investigados tras ser acusados por presuntamente organizar a líderes de comerciantes para impulsar actos violentos durante la primera manifestación.
El pasado viernes, mediante redes sociales, el movimiento convocó nuevamente a sus seguidores a una tercera marcha, programada para el próximo domingo 14 de diciembre, con la intención de partir de los mismos puntos donde se realizó la primera movilización.
PAN DENUNCIA AGRESIONES CONTRA JÓVENES. El Partido Acción Nacional acudió a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia por los hechos ocurridos el 15 de noviembre durante la marcha de la Generación Z. La querella fue interpuesta “contra quien resulte responsable”, luego de que se registraran agresiones y confrontaciones entre policías y manifestantes durante la protesta.
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, solicitó a la FGR que investigue a fondo a los grupos que participaron en la movilización y pidió esclarecer cómo se organizan, quiénes los financian, cuáles son sus liderazgos y si tienen vínculos con otras estructuras que pudieran estar detrás de la protesta y los disturbios.
El líder panista también cuestionó quién autorizó las acciones policiales que derivaron en golpes y uso excesivo de la fuerza contra los jóvenes asistentes a la marcha. Señaló posibles actos de abuso de autoridad y advirtió que la operación del llamado “bloque negro” podría tener la intención de intimidar o frenar futuras expresiones de protesta social.
