El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular, la reforma integral a la Ley General de Salud que prohíbe los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en todo el país.
La medida, avalada en lo general con 76 votos a favor de Morena, PT, PVEM, y 37 en contra en contra por parte de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como de la morenista Yeidckol Polevnsky y la petista Lizeth Sánchez, fue sometida a votación de manera expedita para dispensarse los plazos reglamentarios de 24 horas de publicación.
Las reformas buscan proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes frente a lo que legisladores de Morena calificaron como “una epidemia silenciosa”.
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La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, informó que el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera fue incorporado a la agenda del día y aprobado tras rechazarse una moción suspensiva presentada por el PRI.
La reforma establece una prohibición amplia que abarca toda la cadena: producción, importación, distribución, venta y publicidad de estos productos.
“Esta minuta reconfigura el Sistema Nacional de Salud para proteger el derecho a la salud, en particular de niños, niñas y adolescentes frente a amenazas como los cigarrillos electrónicos y vapeadores”, señaló el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, durante la presentación del dictamen.
La reforma crea un tipo penal específico para quienes comercialicen estos dispositivos. “No se criminaliza el consumo individual, pero sí se corta de raíz el negocio que captura nuestro bono demográfico”, aclaró Huerta.
El legislador defendió la medida señalando que “la libertad individual no es licencia para trasladar a toda la sociedad los costos de conductas adictivas, menos cuando la industria diseña sabores y campañas dirigidas a niños, niñas y adolescentes”.
La reforma enfrentó fuerte oposición de los grupos parlamentarios minoritarios. La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, presentó una moción suspensiva argumentando “ausencia de evidencia científica, técnica y regulatoria suficiente” y advirtió que la medida carece de análisis de impacto regulatorio. “Criminaliza a jóvenes y usuarios, no a los verdaderos responsables”, señaló, agregando que la reforma “incentiva la extorsión por la amplitud del tipo penal”.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, fue contundente: “Prohibir no significa regular. Prohibir significa renunciar”. El legislador argumentó que la medida empujará a los consumidores al mercado negro “sin etiquetar, sin control, sin responsabilidad, con muchos mayores riesgos”.
“Estamos empujando a niñas, niños y adolescentes al mercado negro, donde nadie está pidiendo identificaciones para adquirir estos productos”, advirtió Colosio, quien votó en contra junto con su bancada.
Por Acción Nacional, la senadora Gina Geraldine Campuzano González fue aún más crítica: “Esta prohibición desproporcionada le van a entregar esto directamente al crimen organizado”, afirmó, argumentando que la medida “allanará el camino a los cárteles” para controlar un mercado negro multimillonario.
Quedó aprobado en lo particular con 76 votos a favor, 36 en contra y una abstención, con lo que pasa al Ejecutivo.
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cehr
