El Órgano de Administración Judicial (OAJ) enfrentó un panorama crítico al inicio de sus funciones, con un déficit presupuestal de casi 14 mil millones de pesos y múltiples irregularidades administrativas heredadas del extinto Consejo de la Judicatura Federal, el cual logró abatir en sus primeros 100 días de operación, aseguró el magistrado Néstor Vargas Solano en su primer informe de labores.
Durante la ceremonia realizada en presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez —en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum—, y del titular de la SCJ, Hugo Aguilar, Vargas Solano detalló que el nuevo órgano detectó “un déficit de recursos financieros por casi 14 mil millones de pesos, una falta grave de mantenimiento en inmuebles y en los equipos multifuncionales de impresión y escaneo, así como una falta de coordinación entre las distintas áreas del extinto Consejo de la Judicatura Federal”.
El titular del OAJ advirtió que al asumir funciones el pasado 1 de septiembre encontraron que “no se contaba con un tabulador de pago vigente, pues el extinto Consejo de la Judicatura decidió que el anterior tabulador concluyera el 31 de agosto de 2025, poniendo en riesgo el pago de los salarios de más de 50 mil trabajadores a nivel nacional en la primera quincena de septiembre”.
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En su discurso, Vargas Solano enfatizó que la reforma constitucional al Poder Judicial “partió de la necesidad de sustituir al extinto Consejo de la Judicatura Federal cuestionado por su deficiencia e ineficacia y por la alta concentración de atribuciones y recursos que implicó en algunos casos actos de corrupción, favoritismo y nepotismo en el acceso o promoción a la carrera judicial y a los cargos de mando”.
El magistrado informó que en estos primeros 100 días de operación se logró abatir el déficit presupuestario mediante ajustes salariales y revisión de contratos. “Con dichas medidas y con el apoyo de las autoridades hacendarias, el órgano de administración judicial logró abatir su déficit presupuestario y en consecuencia podemos afirmar que iniciaremos el año 2026 sin cargas financieras”, aseguró.
Vargas Solano también anunció que se otorgó el pago previsto en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional a 567 personas juzgadoras que se separaron de su encargo, “el cual fue calculado bajo una interpretación amplia del texto de la reforma en beneficio de las personas juzgadoras”, y que fue dispersado el 27 de noviembre.
Sin embargo, reconoció que “al día de hoy estamos atendiendo diversas peticiones de personas juzgadoras que concluyeron su encargo, pero que no fueron consideradas para dicho pago. Algunas de ellas tienen que ver con declinaciones desde 1925 (sic) cuando su cargo estaba por vencerse en el año 2027”.
En materia de rezago judicial, el funcionario reconoció un reto mayúsculo: “La estadística de este año nos muestra un aumento en la demanda de justicia que imparte el Poder Judicial Federal frente al mismo periodo del año pasado”, por lo que anunció que “en los primeros días del próximo año emprenderemos un ambicioso plan de trabajo para combatir el rezago en todos los órganos jurisdiccionales”.
El titular del OAJ informó además sobre problemas graves de infraestructura, como el “mantenimiento deficiente de los pilotes del edificio sede de San Lázaro que provocaron asentamientos diferenciales no controlados por hasta 37 centímetros en la parte más afectada”, irregularidad que ya fue subsanada.
Durante el periodo reportado, el pleno del OAJ celebró 19 sesiones en las que resolvió 407 asuntos, mientras que las cinco comisiones permanentes atendieron 1,942 asuntos en diversos ámbitos administrativos.
“Hoy estamos frente a un hecho histórico. Se están extinguiendo en el poder judicial las personas e intereses que se creían intocables, aquellas redes internas que solo protegían y servían a unos cuantos”, declaró Vargas Solano.
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FGR
