La Fiscalía General de la República (FGR) negó que exista “sesgo” o “trabajo bajo consigna” en la indagación a la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar.
Además, detalló que la indagatoria fue judicializada en septiembre y no en días recientes, como, apuntó, se ha difundido en medios de comunicación, pero que se está revisando “detalladamente” para verificar que “haya sido integrada conforme a derecho”.
A través de una publicación en redes sociales, la FGR se refirió a los reportes de la prensa nacional sobre que en días recientes la Fiscalía había judicializado el caso de la presidenta de MCCI, lo cual coincidiría con el cambio de titularidad de la institución, ahora a cargo de Ernestina Godoy.

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Sin embargo, la Fiscalía desmintió que esto fuera cierto, y aclaró que la indagatoria “fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”.
Además, aclaró que el Ministerio Público Federal “analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho”.
Por otro lado, la FGR remarcó que estas labores son parte de su compromiso de “realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas”.
A propósito, remarcó que “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”.
Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales.Fiscalía General de la República (FGR)
María Amparo Casar se encuentra bajo una indagatoria por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, caso que se relaciona con la pensión vitalicia que recibe de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en 2004.
Carlos Márquez Padilla, excoordinador ejecutivo en Pemex desde junio de 2004 durante el sexenio de Vicente Fox, falleció el 7 de octubre de ese año al caer de una ventana en la sede central de la petrolera, un hecho calificado como suicidio por peritajes.
A pesar de ello, Pemex otorgó la pensión vitalicia a Casar y beneficiarios, con pagos mensuales de 125 mil pesos, totalizando unos 31 millones de pesos hasta 2024.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, denunció irregularidades públicas, alegando fraude y que Casar habría intervenido para alterar el dictamen de suicidio, lo que niega la investigada.
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