El Estado mexicano es responsable por la tortura, violación sexual y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, quien fue agredida por un grupo de militares en Veracruz hace 13 años, determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
De acuerdo con la sentencia notificada este martes, el Estado incumplió su obligación de garantizar atención médica adecuada que permitiera salvar la vida de la víctima, tras las agresiones perpetradas por soldados que habían instalado un campamento militar cerca de su vivienda un día antes de los hechos.
Aunque Ernestina Ascencio fue trasladada al Hospital Regional del Río Blanco, falleció un día después de la agresión. El tribunal concluyó que se vulneró su derecho a la salud, ya que el hospital no contaba con intérpretes de náhuatl, lo que impidió una comunicación efectiva con la paciente y su familia.
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El expediente del caso establece que los hechos ocurrieron en el contexto del despliegue militar derivado de la estrategia de combate al narcotráfico impulsada por el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
“La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de degradar, humillar y controlar a la víctima”, señala la resolución.
El tribunal también concluyó que el Estado incumplió su deber de investigar los hechos para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para la familia de la mujer. La investigación ministerial, indicó, no se realizó con la debida diligencia exigida en casos de violencia sexual contra mujeres.
Según la CIDH, el caso fue cerrado de manera prematura, sin agotar todas las líneas de investigación y sin aplicar una perspectiva de género, ni enfoques interseccionales o étnicos.
El informe subraya que durante el proceso influyeron estereotipos étnicos, de edad y de género, los cuales, afirma, fueron replicados por altas autoridades del gobierno, incluido el entonces presidente de la República, lo que contribuyó a un entorno de descreimiento hacia el testimonio de la víctima.
Asimismo, se documentó que la familia de Ernestina Ascencio enfrentó presiones e intimidaciones para frenar su búsqueda de justicia.
Como parte de la sentencia, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano implementar medidas de reparación integral, entre ellas una investigación penal exhaustiva y seria para identificar, procesar y sancionar a los responsables de la violación, tortura y muerte de la mujer indígena.
Además, instruyó brindar atención psicológica y psiquiátrica a los familiares, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos y crear un registro nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas.
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